Mas admite reuniones con acusados sobre el 1-O y leyes de desconexión que sabían que iba a anular el Constitucional

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) - Declaración de testigos en el juicio por el procés El expresident de la Generalitat Artur Mas ha reconocido este miércoles ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo su asistencia a reuniones informales a lo largo de 2016, convocadas por su sucesor en cargo, Carles Puigemont, y en las que estuvieron también otros encausados en este procedimiento como el exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En estos encuentros trataron sobre el referéndum y la Ley de Transitoriedad, y se habló de que "lógicamente" tendrían poco recorrido porque serían anuladas por el Tribunal Constitucional. La existencia y contenido de estas reuniones han consumido gran parte del interrogatorio del ex mandatario, que ha sido el segundo testigo en comparecer en la vista a petición de la acusación popular ejercida por Vox y varias de la defensas. No obstante ha sido el fiscal Javier Zaragoza el que ha logrado centrar la intervención interesándose de forma especial por los encuentros, en los que también estuvieron presentes según ha reconocido Más el que fuera número dos de Junqueras, Josep María Jové o la huida de la Justicia Marta Rovira. Mas ha insistido en varios momentos del interrogatorio en que su voluntad era explorar todas las vías posibles de acuerdo con las autoridades del Gobierno central y que aconsejó elecciones ante la dificultad de llevar a término el plan independentista. También ha reconocido que el mandato de la ciudadanía y el reflejado en la mayoría parlamentaria era "muy claro". Y ante la imposibilidad de de encontrar vías de acuerdo con el Estado "no se pararon las máquinas", ha afirmado. Zaragoza ha iniciado sus preguntas indagando sobre las reuniones informales convocadas por el "procesado rebelde", a lo que Mas ha puntualizado "por el president, el muy honorable Carles Puigdemont", para añadir que en principio en dichas reuniones se discutía sobre un referéndum pactado en las que el president hablaba de ofrecer un pacto sobre fechas, la pregunta a realizar o condiciones. "Cuanto hace esto es que no lo quiere hacer unilateralmente", ha apuntado, si bien más adelante, y repreguntado sobre la Ley de Transitoriedad, ha admitido "era una expresión jurídica, para llegar a la independencia por un proceso ordenado", y que si se mandó al Parlament para ser aprobada fue porque se buscaba que tuviera efectos jurídicos. "Así que cuando entrara en vigor, ¿se convertiría en la norma suprema de Cataluña?", ha inquirido el fiscal a Mas, momento en el que ha sido interrumpido por uno de los abogados de la defensa y exconsejero de Presidencia catalán Frances Homs, que se ha quejado de que la cuestión era valorativa. El presidente de la Sala, Manuel Marchena, ha atendido su petición y ha dado la pregunta por improcedente. A lo largo de la declaración de Artur Mas, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha hecho reiteradas advertencias sobre evitar las valoraciones y opiniones de las partes, así como de intentar de que el testigo se pronuncie a favor de una idea u otra. Así, ha ocurrido con las abogadas de Jordi Cuixart y de Carmen Forcadell, a las que no les ha pedido que "enfaticen" sus argumentos y conclusiones en los informes finales. El 1-O PERFECCIONÓ EL 9-N Mas también ha reconocido a preguntas del fiscal que el referéndum del 1 de Octubre era "algo que perfeccionaba" la consulta del 9-N, ya que después de votación se celebraron unas elecciones autonómicas "plebiscitarias" en las que ya no estaba sobre la mesa el derecho a decidir, sino independencia sí o no. Argumentó que salió una mayoría que apoyaba la primera opción y ello se consideró un mandato. La comparación del referéndum ilegal con la consulta del 9-N ha reaparecido durante el interrogatorio a Mas por parte de la abogada del Estado, momento en el que el expresident ha manifestado que la vinculación del Govern de Puigdemont con el 1-O "fue menor" que la de su ejecutivo con el 9-N, razón por la que él ha sido "precondenado" a pagar 5 millones de euros por los gastos que generó esta consulta realizada en 2014. En el caso del referéndum ilegal ha recordado que no hubo ninguna financiación pública y que el peso organizativo fue de la sociedad civil, si bien ha reconocido que en las reuniones sí se hablo de los locales que se podían poner a disposición del referéndum. Así, el 9-N fue una experiencia que "les marcaba el camino de lo que podía hacer el Gobierno" y teniendo en cuenta que en dicha ocasión fueron acusados "de desobediencia, de nada más". Igualmente, Mas ha señalado a preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seane que existía una "obsesión" del Govern porque "todo tuviera un apoyo legal" y que estaban "entrenados para suspensiones del Tribunal Constitucional automáticas" y no solo en relación con el proceso soberanista. DIÁLOGO CON EL GOBIERNO DE RAJOY Antes de todo esto, Mas había reconocido ante las preguntas del abogado de Vox Pedro Fernández que él tuvo la iniciativa de plantear al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la conveniencia de que contaran con "personas interpuestas" que les permitieran mantener un "hilo de diálogo como cauce para identificar soluciones ante una realidad política". En dichos encuentros acudía una personas por parte de Rajoy, otra por el Govern y una tercera aportada por el líder de la oposición, entonces el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. En otro momento de declaración, a preguntas del abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, Javier Melero, el expresidente ha reconocido que en esas reuniones previas al 1-O se habló sobre la posible actuación del Gobierno de Mariano Rajoy en esta jornada y que avisó de que no se podía pensar que las fuerzas y cuerpos de seguridad fuesen a "hacer algo tan poco inteligente que pudiera dar la vuelta al mundo". "Yo pensé que la reacción del Gobierno central nunca sería una reacción de mandar a las fuerzas de orden público para intervenir, otra cosa es que las mandara para advertir. Y me equivoqué, pensé que el Estado tenía mecanismos suficientes para, desde un punto de vista jurídico, desnaturalizar el referéndum aun a riesgo de que se celebrara", ha dicho.

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