Mas dice en el Supremo que advirtió que organizar el 1-O sin pactar era desobedecer y tendría consecuencias penales

El expresidente recordó en las reuniones sobre el 1-O que él ya fue inhabilitado por el TSJC por celebrar una consulta ilegal

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha destacado este martes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el denominado 'procés', que advirtió en las reuniones que se celebraron para organizar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre que su celebración era una desobediencia y que por ello podría tener consecuencias penales.

Mas ha explicado al juez Llarena durante su declaración que en las reuniones estratégicas --que ha definido como "políticas"-- en las que se trataron el devenir del proceso soberanista, avisó de que organizar un referéndum para el 1 de octubre de 2017 que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional suponía desobedecer, según han indicado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

En esta línea, el expresidente catalán recordó que por celebrar una consulta soberanista el 9 de noviembre de 2014, que tampoco fue autorizada, el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) le inhabilitó por dos años.

"REUNIONES DISCRETAS"

Mas, que se encuentra a la espera de conocer si el Tribunal Supremo confirma dicha inhabilitación, ha hecho mención de las "reuniones a tres" que un miembro de su equipo mantuvo con dos personas del PP y del PSOE con el objetivo de pactar una consulta independentista antes de la celebración del 9N.

Según ha explicado el también expresidente del PDeCat, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba designaron unos representantes para formar un "comité de a tres" con la finalidad de realizar "reuniones discretas" para "encontrar la fórmula para un referéndum pactado", han precisado las mismas fuentes.

Estos encuentros tuvieron lugar durante 18 meses --cuando Pedro Sánchez consiguió el liderazgo de los socialista el 26 de julio de 2014 mantuvo esta estrategia-- pero que en el momento que trascendió una de ellas en los medios de comunicación dejaron de celebrarse, ha recalcado Mas.

El 'expresident', que ha declarado este martes durante cerca de tres horas como investigado por su presunta participación en el 'procés', no ha querido dar los nombres de los representantes 'popular' y socialista, pero sí ha afirmado que la persona que eligió para participar en estas negociaciones fue el expresidente del Parlament Joan Rigol.

Un día antes del 9N, el 'Periódico de Cataluña' daba cuenta de estos encuentros mantenidos entre Rigol, Pedro Arriola (PP) y José Enrique Serrano (PSOE) en Madrid y en Barcelona y que posteriormente fueron negados por las partes.

CONFIRMA LAS REUNIONES ANOTADAS EN LA AGENDA DE JOVÉ

Por otro lado, el expresidente de Cataluña ha confirmado las distintas reuniones que fueron anotadas en la agenda incautada Josep Maria Jové, el que fuera 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Esto ha ocurrido cuando la acusación popular VOX le ha preguntado sobre ellas sin comentarle que estaba haciendo referencia a las anotaciones de Jové.

El 'expresident' ha sido incluido entre los investigados por el instructor del proceso, Pablo Llarena, por los cargos que ejerció como presidente del partido y porque formaba parte del comité estratégico del proceso soberanista catalán diseñado en el documento 'Enfocats'. Este plan de ruta fue también incautado en el domicilio la 'mano derecha' de Junqueras.

Durante su declaración, Mas ha negado la existencia de dicho comité y ha precisado que había reuniones de "carácter muchas veces informal y con una composición de personas variables en donde se hablaba de política.

Asimismo, ha afirmado que la declaración de independencia del pasado 27 de octubre tuvo un "valor puramente simbólico". Tras escucharle, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le ha dejado en libertad sin medidas cautelares, pese a que Vox solicitase la imposición de una fianza de al menos 60.000 euros para evitar la prisión, a lo que se ha adherido la Fiscalía.