Cifra en esta cantidad el quebranto causado a la caja por los créditos concedidos por la compra de la conservera Alfageme
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha impuesto el pago de una fianza de 80 millones de euros al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y otros siete acusados en el caso 'Alfageme' por el prejuicio causado a la caja extinta al conceder cerca de 135 millones de euros en créditos a una promotora para la compra de la conservera, por su cercanía con los gestores de la misma.
En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expone que esta es la cantidad que se corresponde con los perjuicios sufridos por Caixanova en relación con las operaciones financieras que llevaron a cabo entre los años 2005 y 2009 y advierte de que si en el plazo de cinco días no abonan dicha caución se procederá a embargar los bienes de los acusados hasta cubrir la cantidad estipulada.
El juez acuerda esta medida tras tomar declaración entre lunes y martes a los ocho investigados. Se trata del expresidente de la caja gallegaFernández Gayoso; el exdirector José Luis Pego Alonso; el exdirectivo Gregorio Gorriarán; el que fuera subdirector general de Caixanova Domingo González; el exdirector general de la oficina principal de la entidad José Benito Parente; el administrador de la promotora Promalar Juan Lago Pérez y los tasadores Manuel Ardid y Manuel Asende. A todos ellos se les investiga por el delito de administración desleal y blanqueo de capitales.
Los hechos se remontan a otoño de 2005 cuando Gorriarán junto con Benito Parente visitaron al administrador de Promalar y le propusieron otorgarle financiación para que comprara Alfageme dado que tenían intereses en la misma Guillermo Alonso Jáudenes (ya fallecido) y Fernando García, expresidente y exconsejero de la caja gallega, respectivamente. El objetivo era beneficiar a estos accionistas en su salida de la conservera y para ello simularon contratos que ocultaban la verdadera finalidad de la financiación a Promalar, que acabó entrando en quiebra.
El magistrado expone que se llevaron a cabo cuatro operaciones; las dos primeras consistieron en un préstamo hipotecario de 60 millones de euros y un crédito de la misma cantidad. En 2007 se concedió un nuevo préstamo hipotecario de 9,25 millones de euros y dos años después una póliza de crédito de 5 millones de euros.
NO ES UNA MEDIDA PREMATURA
Desglosado, el perjuicio causado a Caixanova es de 64,86 millones euros por el impago de la póliza del crédito concedido, de 6,03 millones por la resolución del contrato con la promotora y de 9,66 millones por el préstamo hipotecario; en total 80,56 millones de euros que corresponderían a Novacaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia.
En su auto, el juez tiene en cuenta la gravedad y complejidad de los hechos, la duración temporal de la causa y la cuantía de las responsabilidades. Además expone que no se trata de una medida "precipitada o prematura".
Para tres de los investigados en esta causa --Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso-- se trata de un nuevo proceso judicial relacionado con su gestión en la caja ya que fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por este mismo órgano en relación con el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.