Publicado: viernes, 19 enero 2018 16:08

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rechazado la personación de la empresa pùblica Mercasa como acusación en la causa en la que se investigan operaciones presuntamente irregulares realizados por exdirectivos de esta entidad en su consorcio en Angola.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de Mercasa , que destacan que la empresa pública no forma parte del Consorcio Mercasa-Incatema desde el pasado mes de octubre. Añaden que el instructor ha adoptado la decisión de rechazar su personación pese a valorar "la colaboración y actuación de los nuevos gestores de Mercasa para esclarecer todo lo ocurrido".

En esta causa están imputadas una decena de personas -entre ellas Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y también investigado en el caso Lezo- por presuntos delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, han informado fuentes jurídicas

Se trata de esclarecer si existió cobro de comisiones ilegales con la firma de un contrato de Mercasa para montar un mercado mayorista --de la manera de Mercamadrid o Mercasevilla-- en Luanda, capital de Angola, por 500 millones euros.

En el auto dado a conocer este viernes, De la Mata precisa que la colaboración prestada a día de hoy por Mercasa en la investigación es " acorde con una nueva gestión de la mercantil y un enérgico plan de prevención de delito, anteponiendo los intereses de la empresa pública, y por ende del Estado", según el estracto del documento judicial facilitado por la empresa en una nota de prensa.

Añade que "la empresa pública Mercasa, a través de los nuevos gestores, entre otros comportamientos, ha procurado introducir una nueva organización extinguiendo la relación profesional y laboral que mantenía con aquellos
administradores y empleados que se encuentran investigados en esta Pieza Separada, y ello a partir de su imputación judicial".

La instrucción que lleva a cabo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 es una pieza separada del denominado "caso Defex", en el que se investiga la venta presuntamente irregular de armas a Angola por parte de esta empresa semi-pública.

Pablo Gonzálezz reconoció en diciembre de 2016 a otro directivo de esta sociedad estatal la existencia de reparto de comisiones por valor de 9 millones de euros entre 2007 y 2016, que se camuflaban mediante la firma de contratos irregulares con países como Angola. "Eso es un coladero, pues sí", señaló en una conversación que mantuvo con otro de los directivos de la entidad.

La conversación entre González y Luis Hermosilla que obra en el sumario, se produjo el 12 de diciembre de 2016. En ella González señala a Hermosilla que iba a presentar su dimisión como directivo en Mercasa porque la prensa había comenzado a publicar el escándalo con nombres propios y no quería que le salpicara "la mierda, porque la mierda va a ir en crescendo".

En este contexto, González comenta a su compañero que le dijo a uno de los responsables de la nota que le parecía que no informaban de la verdad, ya que se ocultan dos contratos en vigor con las empresas Metab y Soter -nombres que responden al sonido fonético de las marcas, según aclara la Guardia Civil en su informe al juez- que supusieron 9 millones de euros "por no hacer nada".

González salió de prisión el pasado 27 de julio, tras permanecer como preso preventivo durante 97 por el su implicación en la trama Lezo sobre el desvío de fondos del Canal de Isabel II.

Cuando declaró por Mercasa, unos días antes, el que fuera exdirector de Estrategia y Operaciones del consorcio público se desvinculó del contrato presuntamente irregular entre el consorcio y Angola que investiga el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y precisó que él entró a formar parte de la empresa pública después de la firma del mismo.

Más noticias

Leer más acerca de: