Actualizado: miércoles, 25 abril 2012 12:51

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, no entiende el "revuelo" que ha provocado la decisión de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España, y lo califica de "injustificado", ya que se trata de una medida que "nos pone al nivel de los países europeos".

Con esta medida, ha aclarado en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press, el Gobierno pretende que "todo el mundo que tenga derecho a la tarjeta sanitaria la tenga, que son todos los españoles y todos los que tiene su residencia en España".

"Todos lo ciudadanos tienen derecho a la asistencia sanitaria básica. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacen en otros países de la UE y exactamente lo mismo que nos hacen a nosotros en otros países, que es una asistencia básica", ha aclarado posteriormente.

Por otra parte, ha reiterado que "en España nadie va a quedar desasistido", pese a que "España tiene un problema de financiación de 16.000 millones de euros en la sanidad".

Ante esta situación, ha pedido que no se haga demagogia con este tema, y lamentado que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, trate de "sembrar confusión". "Han provocado ellos un problema, en el que todas las partes políticas coincidimos que hay que tomar medidas para reformar la sanidad y que sea sostenible en el tiempo", ha añadido.

"En este momento hay que tener un poco más de altura de miras, no se puede estar permanentemente descalificando al adversario, es un momento de esfuerzos, esfuerzos que les estamos pidiendo a los ciudadanos, esfuerzos difíciles para salir de esta situación; tenemos que ser conscientes de que tenemos mucho que trabajar y andar todos juntos y creo que la oposición no está dando la talla.

Asimismo, ante la posible confusión creada con la publicación del Real-Decreto sobre medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, ha explicado que todos los españoles mayores de 26 años tienen derecho a una tarjeta sanitaria propia, aunque no coticen, con la que pueden acceder a la asistencia sanitaria.

EN CONTRA EL COPAGO SANITARIO

En cuanto a la implantación del copago de fármacos, prótesis, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente, Mato ha advertido que las prótesis de intervención quirúrgica si se van a pagar, sin embargo se han dejado fuera las ortoprótesis.

Esta decisión, ha explicado, pretende unificar los recursos que suministran las comunidades, de modo que "todas tengan los mismo requisitos", ya que han observado que cada comunidad autónoma "había derechos diferentes entre los ciudadanos", tanto en las prestaciones como el pago de los servicios.

"Lo que hemos querido hacer es unificarlo para que todos los ciudadanos en todo el territorio con independencia de donde estén tenga acceso a las prestaciones en igualdad de condiciones", ha añadido.

En cuanto al copago de medicamento, la ministra ha preferido no señalar qué fármacos van a dejar de financiarse, aunque ya se sabe que serán los administrados para síntomas menores. No obstante, ha explicado que se ha creado una red de agencias que velarán por que el Vademecum "esté aprovechado".

Respecto al ahorro que estas, y otras medidas como la central de compras o la cartera básica de servicios, ha explicado que sus cálculos se han hecho a la baja, teniendo en cuenta el ahorro al que pueden llegar las comunidades autónomas.

"Con esta reforma le hemos dado los medios adecuados a las CCAA para llegar al ahorro que es imprescindible para garantizar la sanidad", ha añadido, al tiempo que ha recordado que, las medidas establecidas, "permiten que garantizar el sistema sanitario publico y gratuito".

Por otra parte, la ministra ha aclarado que está en contra del copago sanitario, y ha destacado que las medidas acordadas estos días tienen entre otros objetivos, como el disuasorio consumo masivo de medicamentos, el mantener que no se produzca "ninguna merma" en la atención sanitaria y no sea necesario llegar al pago asistencial.

Finalmente, ha admitido que la situación económica en España no beneficia a la Ley de Dependencia, "una conquista social que hemos echo entre todos los grupos parlamentario". A su juicio, "se aprobó una ley sin dotarla de medios económicos suficientes", por eso se ha propuesto un pacto sociosanitario, con el que se pretende desarrollar una cartera básica de servicios a nivel social y de dependencia.

"De esta manera queremos que todas las personas que tienen un grado de dependencia o alguna dificultad queden cubiertos bien por la Ley de Dependencia o por los Servicio Sociales", ha añadido.