Maza ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía intervenir las urnas y otros efectos para evitar el referéndum

Quien colabore con la consulta se enfrenta a prisión si su conducta conlleva la malversación de caudales públicos

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Constitucional prohíbe el 1-O y apercibe a más de un millar de cargos políticos

Claves de la ley del referéndum aprobada por el Parlament

Claves de la ley de transitoriedad jurídica aprobada por el Parlament

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó este jueves un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de la celebración del referéndum interviniendo si es necesario "los efectos del delito" y elaborando el correspondiente atestado ante "cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares". Entre estos efectos estarían las urnas, las papeletas y sobres electorales y los manuales de funcionamiento de las mesas.

Así se señala en el escrito remitido por Maza tanto al fiscal superior de Cataluña como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió anoche la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta independentista del próximo 1 de octubre.

Una vez la policía remita los atestados, Maza ordena a los fiscales incoar las correspondientes diligencias de investigación y formular denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional competente.

En este sentido, el oficio advierte que "la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin", sea constitutiva "al menos" de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. En el último de los casos, el delito prevé penas de prisión, a las que se enfrentarían aquéllos que incurran en gastos de dinero público destinados a la consulta que ha sido suspendida por el TC.

El oficio, de cinco páginas, comienza recordando el auto del pasado mes de febrero por el que el TC declaró la nulidad de la resolución por la que el Parlamento de Cataluña acordó llevar adelante "un proyecto político de desconexión con el Estado español y creación de un estado catalán independiente en forma de república", lo que supone "intentar una inaceptable vía de hecho (*) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica":

Además, insiste en que el tribunal de garantías acordó notificar dicha suspensión tanto al la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, como al resto de la Mesa con la advertencia de abstenerse de realizar "cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" a la hoja de ruta independentista. Igualmente, se anularon las partidas presupuestarias tendentes a la celebración de la consulta.

Ante esta situación, el fiscal general del Estado señala en su escrito que los pronunciamientos del TC se dan a conocer "a través de todos los medios de comunicación", por lo que la prohibición del referéndum "es un hecho notorio e, indudablemente, de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública".