MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
José Manuel Maza Martín ha tomado este martes posesión de su cargo como fiscal general del Estado en un acto formal celebrado en el Tribunal Supremo ante el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, al que han acudido entre otros la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos y destacados miembros de la cúpula judicial y fiscal
Maza ha elegido como padrino al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que es quien le ha acompañado a entrar al Salón de Plenos del alto tribunal donde se ha celebrado el breve acto. La Sala la ocupaban magistrados del Tribunal Supremo, fiscales de Sala y vocales del Consejo General del Poder Judicial entre otros.
Maza prometió este lunes su cargo ante el Rey Felipe VI tras ser designado por el Consejo de Ministros. Sustituye a Consuelo Madrigal, y llega a la cabeza del Ministerio Público tras recibir aval del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Nacido en Madrid en 1951, Maza ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, donde fue el primero de su promoción, si bien comenzó ejerciendo como abogado y como letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles. Fue magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid hasta ocupar su puesto en lo Penal del Tribunal Supremo.
De sensibilidad conservadora aunque con posicionamientos muy independientes en algunos de los asuntos que le ha tocado deliberar, Maza se opuso en su día a la denominada 'doctrina Botín', propuso el archivo de la querella contra Pablo Iglesias por presunta financiación de Venezuela e Irak y expresó sus dudas sobre la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Durante su comparecencia en el Congreso, Maza expresó la necesidad de que el Ministerio Fiscal preste especial atención a la lucha contra la corrupción, aunque ha recordado que hasta el más perverso de los delincuentes merece el respeto de sus garantías, por lo que la Fiscalía debe ser sensible a los derechos de los ciudadanos sometidos a una investigación penal.