BARCELONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprobado este miércoles que la Mesa, el órgano rector de la Cámara, pueda suspender de "forma inmediata" a un diputado investigado por corrupción cuando sea firme el acto de apertura de juicio oral.
Se trata de una iniciativa propuesta por la CUP que, inicialmente, quería que la suspensión del diputado se produjera de forma inmediata por la "mera condición de investigado" en un procedimiento penal por parte de un órgano judicial.
Finalmente, los 'cupaires' han pactado una enmienda conjunta con JxSí en la que han acordado esta suspensión pero solo si se llega a abrir juicio oral y la iniciativa ha contado con los votos a favor de todos los partidos de la Cámara menos el PP.
Esta reforma recoge que, si existen dudas sobre el tipo de delito o el régimen de incompatibilidades aplicables a lo largo de la suspensión, al Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament deberá emitir un dictamen pronunciándose.
GERMÀ GORDÓ
La enmienda es relevante porque precisamente en estos momentos hay un procedimiento judicial abierto contra el exconseller y actualmente diputado no adscrito Germà Gordó, al que se le investiga por el caso 3% de presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de obra pública.
Gordó, que ha votado a favor de la enmienda, no se encuentra aún en el punto de ser suspendido, ya que la investigación está en sus inicios --todavía no ha declarado-- y no se ha decidido si se abre juicio oral contra él.
La diputada de la CUP Anna Gabriel ha defendido que debe se suspender a aquel diputado al que se abra juicio oral por corrupción lucrativa, es decir, por haber mermado las arcas públicas, y ha concluido: "La gente está cansada de que le roben".
La aprobación de esta enmienda ha pasado algo desapercibida porque la misma reforma del reglamento permitirá a JxSí y a la CUP aprobar por el trámite de urgencia las leyes soberanistas, y esto ha centrado el debate entre los grupos.
LA REUNIÓN DE LA MESA
Otra enmienda que ha salido adelante gracias a la abstención de la CUP es la que obliga a la publicidad de los proyectos y las proposiciones de ley, es decir, a que se publiquen en el Butlletí Oficial del Parlament(BOP).
"No se puede publicar en el BOP sin la admisión a trámite y la calificación de la Mesa del Parlament", han explicado fuentes parlamentarias que ven que este matiz abre una pequeña vía para facilitar la petición del dictamen al Consell de Garanties Estatutàries de las leyes de 'desconexión' si se presentan por el trámite de urgencia máxima.
La enmienda, introducida por el PSC, obliga a la reunión de la Mesa, lo que impide que se solicite una modificación de orden del día para entrar una ley por vía de urgencia en un pleno y votarla: ahora hay que publicarla en el BOP y, por lo tanto, convocar primero a la Mesa dando un margen de al menos unos minutos que los grupos que lo consideren podrían aprovechar para llevarla al CGE y así alargar el trámite.
Además, si se reúne la Mesa, el órgano deberá pronunciarse sobre si la ley que se quiere tramitar por la vía de urgencia cumple con las condiciones de naturaleza o simplicidad que exige el último dictamen del CGE para hacerlo.
"En el caso de la ley del referéndum deberá decir si esa ley es suficientemente simple para poder tramitarse por lectura única", han dicho las mismas fuentes.