El informe apunta a nuevas imputaciones de empresas como New Letter o Hispart, según Llinares
BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Palau de la Música ha cifrado este viernes el expolio perpetrado por el ex presidente de la institución, Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull en 35,1 millones de euros, IVA a parte, de los que ya se han recuperado 8,3 millones, según la auditoria encargada por la nueva dirección.
La mayor parte del dinero se ha defraudado a través del Orfeó y la Fundación --13 y 17,5 millones respectivamente--, mientras que el dinero desviado del Consorci se cifra en más de 4,5 millones.
El director general del Palau, Joan Llinares, ha explicado en rueda de prensa que, según los datos de la auditoria, que ya ha sido entregada al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, las formas de fraude consistieron principalmente en transacciones irregulares entre las entidades --Orfeó, Fundación y Consorci-- que no se ingresaban, y que suman casi 17 millones de euros.
El desfalco también se realizó a través de salidas irregulares de efectivos de cuentas corrientes excluidas de contabilización, que salieron en cheques al portador, por un valor total de 9.376.487 euros y transacciones comerciales irregulares con determinadas sociedades administradas por Millet y Montull o familiares directamente relacionados, que consistían en "cobros por servicios imaginarios" --un total de 1.262.483 euros--.
NUEVAS IMPUTACIONES
Llinares ha explicado que se han encontrado transacciones irregulares relacionadas con la contratación de obras y servicios, es decir facturas pagadas por las entidades Orfeó y Fundación en la que empresas existentes cobraban a las entidades por servicios que no se han realizado "nunca", ya sea porque se hacían en casas particulares o bien por motivos que se están investigando. Esta cifra suma 5.649.481 euros.
Ha asegurado que de estos datos podrían desprenderse nuevas imputaciones. Según ha comentado, hay empresas a las que se les requirió la documentación y que desde el primer momento contestaron informando de todo, presentando presupuestos reales a "facturas ficticias", aunque eso "no las exime de ser una herramienta necesaria para defraudar".
Existen otras empresas que "no han contestado", por lo que, según Llinares, "se trata de las que tienen que configurar la lista de nuevas imputaciones". Ha apuntado a empresas como New Letter, Letter Graphic, Hispart o Trioba.
Sin embargo, ha subrayado que el objeto del informe no es "formular nuevas imputaciones sino detallar las irregularidades" y que las imputaciones se irán planteado ahora que los servicios jurídicos de la Generalitat, que representan al Consorci, y los letrados de la Fundación, ya tienen el informe.
En la misma línea, el secretario de cultura de la Generalitat, Lluís Noguera, ha avisado de que las empresas que hicieron cobros al Palau pero nunca ejecutaron los trabajos "tienen que devolver el dinero", y que si hace falta las llevarán al juzgado. Además, Noguera ha tildado de "mafiosos" a los ex directivos de esta institución, "que no era suya sino de todos", y que estaba "enferma", por lo que la prioridad era rehacerla.
Ha asegurado que les gustaría que el trámite judicial "fuese más rápido", y que sería "fantástico" que el "famoso informe" de la Agencia Tributaria estuviese en sus manos antes del final del verano.
Por otra parte, los gastos de tipo personal, es decir, dinero gastado por Millet y Montull en viajes, bodas "o otros servicios como tintorería" suman 868.639 euros y las retribuciones recibidas por Millet, Muntull, la ex directora financiera Gemma Montull, y la ex directora general de la Fundació Rosa Garicano a través del cobro de bonus que se intentan justifican "en un artículo de los estatutos de la Fundación que no existe" ascienden a un total de 1.074.762 euros.
DINERO RECUPERADO
Llinares ha explicado que han trabajado para recuperar los fondos del desfalco, aunque no todo es en efectivo, ya que se han recuperado cheques sin fondos.
La mayoría del dinero devuelto proviene de la anulación de la compra del local de la calle Sant Pere Mes Alt, la devolución realizada en el Juzgado número 30 que instruye el caso y la devolución de convenios irregulares, la mayoría correspondiente a la fundación CatDem, que realizó varios convenios de colaboración con Millet.
Además, ha destacado que están esperando más dinero derivado de las cuentas de Suiza, porque el juez ya ha autorizado que vuelvan a España. Se ha pedido también al juzgado que embargue una serie de propiedades detectadas, que sumarían un total de 12 millones de euros, aunque una parte está hipotecada, por lo que los bancos podrían adelantarse --el crédito del banco es prioritario--.
"Nos preguntábamos como podían haber salido 35 millones en 10 años y que el Palau continuara funcionando y, además, se hicieran obras", ha apuntado Llinares, que ha explicado que existía una "sobrefinanciación" y que una parte muy importante corresponde a un préstamo de 4 millones de euros, "contratado para ayudar a financiar las obras", del que aún quedan 2,5 millones por devolver.
La presidenta del Orfeó Català, Mariona Carulla ha destacado que ha sido un año "intenso y muy laborioso" y que la intención ahora es "pasar página y que sean los juzgados quien hagan su tarea" para ellos dedicarse "a la música". No ha tenido ningún contacto con Millet y Montull pero por las fotografías que ha podido ver en la prensa cree que "se lo están pasando bastante bien".
LIMITACIONES
Llinares ha lamentado las limitaciones con las que se han encontrado, como "la considerable documentación retirada por Mossos d'Esquadra" ahora hace un año y a la que se ha accedido "solo de forma parcial". "No conocemos la información que pudo desaparecer o se pudo destruir durante los primeros días", ha apuntado en referencia a los días posteriores al registro.
Ha celebrado que el informe de la Agencia Tributaria vaya a entregarse, presumiblemente, antes de que acabe el mes, para así "completar con la máxima información disponible".
Ha explicado que se ha ido a fuentes de entidades bancarias y solo algunas han aceptado dar los datos si existía una orden judicial. Una de ellas, Banesto, se ha negado a entregar los datos.
Llinares ha admitido que se puede cuestionar si es o no el informe definitivo: "con todas estas limitaciones es el que hemos podido hacer y el que hemos presentado en el juzgado". Ha destacado que solo han podido analizar las cuentas del Palau y no se ha podido acceder a otras "que podrían explicar movimientos de fondos".