El Gobierno está atento ante cualquier movimiento que pueda suponer un preparativo de un "referéndum ilegal"
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno considera que la Generalitat de Cataluña se esconde una vez más tras el "anuncio" del "anuncio" de la compra de urnas para el referéndum de independencia, ya que, según subraya, hoy "no han hecho nada" que materialice la adquisición de esas urnas, según han indicado a Europa Press fuentes de Moncloa.
Este martes, el Gobierno catalán ha reactivado la compra de urnas con la aprobación de un decreto que traspasa la competencia en 'proceso electorales y consultas populares' al Departamento de Vicepresidencia que lidera Oriol Junqueras.
El nuevo portavoz del Gobierno, Jordi Turull, ha explicado que, una vez aprobado ese decreto, empezarán a analizar y compartir los varios itinerarios para adquirir esas urnas, pero no ha dado detalles de cómo se concretará finalmente esa adquisición. Sí que ha recalcado que todo este proceso será "dentro de la ley y la legislación vigente".
EL GOBIERNO, "PREPARADO"
Fuentes de Moncloa han señalado a Europa Press que el Gobierno del PP estaba preparado para actuar si se hacía oficial el acuerdo de la Generalitat relativo a la compra de urnas, pero han agregado que este martes finalmente "no han hecho nada" y una vez más todo ha quedado en un "anuncio".
El propio delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, aseguraba que esperarán a que el Gobierno de Carles Puigdemont explique ese intinerario para comprar urnas. "De momento nada", ha escrito en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
En cualquier caso, desde el Ejecutivo sostienen que están "preparados ante cualquier movimiento de la Generalitat que pueda suponer un preparativo de un referéndum "ilegal", han indicado las fuentes consultadas.
El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha advertido este martes de que comprar urnas para un referéndum sería "ilegal", a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional, al tiempo que ha subrayado que no podrán pagarse con dinero público de todos los catalanes. "Por tanto, que asuman las consecuencias económicas de la ilegalidad que cometen. Tendrán que pagarlo ellos", ha afirmado rotundo.
LA VÍA PENAL Y LA VÍA CONSTITUCIONAL
El Gobierno de Rajoy apunta a dos posibles vías de actuación: la vía constitucional, que se asienta en el fallo de febrero del Tribunal Constitucional que señala que se incurre en responsabilidad ante cualquier acto preparatorio del referéndum ilegal; y la vía abierta por la Fiscalía tras la querella contra Borrás por licitar urnas para el referéndum.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sigue adelante con esa investigación a la consejera de Gobernación y al ya exsecretario general del departamento, Francesc Esteve, por haber dictado un acuerdo marco para la compra de urnas.
De hecho, el TSJC ha exigido a la Consejería de Gobernación que le entregue "a la máxima brevedad" el original íntegro del expediente incoado con ocasión del acuerdo marco para el suministro de urnas, que el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publicitó el 9 de mayo y que quedó desierto.
El Gobierno catalán ha garantizado que enviará toda la documentación que se le ha requerido, pero ha criticado que los tribunales hagan este tipo de requerimientos, argumentando que no se ha hecho en otras comunidades autónomas en las que se han comprado urnas, como Andalucía.