MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha criticado este viernes que "algunos" partidos con procesos judiciales abiertos --sin citar a ninguno-- estén tratando de 'sacar provecho' de las grabaciones de las conversaciones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña (AOC), Daniel de Alfonso, en las que hablaban de buscar eventuales casos de corrupción que afectasen a ERC y CDC.
Así ha contestado la 'número dos' del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si, más allá del contenido de esas conversaciones, el Gobierno se había planteado el cese de Fernández Díaz o el propio ministro había puesto su cargo a disposición del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
Sáenz de Santamaría ha subrayado que en estos momentos hay una investigación abierta en el Ministerio del Interior al respecto de esas grabaciones, por lo que ha llamado a esperar primero a saber lo que ha pasado y cómo se han producido las mismas antes de sacar conclusiones.
Según ha abundado la vicepresidenta, el respeto de los derechos fundamentales y a las libertades públicas es "clave" en un país y esas grabaciones al titular de Interior exigen analizarse "antes de sacar ulteriores consecuencias", como, a su juicio, están tratando ya de hacer "algunos" partidos políticos que tienen causas judiciales abiertas.
Aunque la ministra de la Presidencia no ha señalado a ningún partido en concreto, el pasado martes el propio titular de Interior denunció que "quien hizo lo que hizo y quien lo difundió consiguió sus objetivos, que se hablara de las "cloacas" del Estado en lugar de personas que cometieron delitos gravísimos", como convocar un referéndum ilegal.
Precisamente este martes, el magistrado que investiga la causa del 9N informó de que había finalizado la investigación del caso y de que iba a seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por presunta desobediencia y prevaricación administrativa.