MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) - El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que es el propio vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, de Esquerra (ERC), quien cada semana firma el certificado que recibe el Gobierno de que "no se destina un euro" a la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. En comparecencia en el Congreso, el ministro ha explicado que la Generalitat está cumpliendo puntualmente con la obligación que se le impuso en julio de enviar semanalmente a Hacienda certificaciones de que no se paga ni con fondos presupuestarios ni extrapresupuestarios nada relativo al referéndum, firmadas por varios consejeros y por el propio vicepresidente, "que da fé" por todos los departamentos, entidades autónomas, entidades del sector público, de la Dirección General de Presupuestos, de la del Tesoro y de la Intervención General. "Los mismos que promueven el referéndum certifican que no se hace uso presupuestario alguno para llevar a cabo el referéndum. Los mismos", ha apuntado Montoro, que ha calificado la situación de paradójica: una institución promueve una iniciativa "sin elementos de presupuesto". También ha dejado claro que la Generalitat cumple el plan de ajuste pactado con el Ministerio de Hacienda para asegurar la estabilidad presupuestaria (que también tienen otras comunidades autónomas). Cualquier "desviación", ha advertido, llevaría a tomar medidas coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad. Y en este punto el ministro ha aprovechado para apuntar que lo que entonces era CiU apoyó en el Congreso la aprobación de esa ley, "porque parece ahora que algunos no estaban de acuerdo", ha remachado. La norma faculta al Estado a actuar cuando los actos de una administración ponen en riesgo la estabilidad de las finanzas y los servicios públicos fundamentales, ha aclarado Montoro. El ministro ha defendido la necesidad de tomar medidas para vigilar el gasto de la Generalitat desde que está tomando decisiones que pueden perjudicar "irreversiblemente" el crecimiento económico. "El Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados", ha insistido, y ha recordado que los primeros controles se acordaron ya en 2015. En julio pasado, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos acordó prolongar esa vigilancia y exigir los citados certificados semanales, que han llegado con puntualidad según Hacienda. Las últimas declaraciones de los dirigentes catalanes "han encendido muchas luces rojas" no sólo en materia política y jurídica sino también económica. Cristóbal Montoro ha dicho que Cataluña tiene la peor nota de todas las CCAA de las agencias internacionales de calificación y la prima de riesgo más elevada, cuando es la región con más peso en la economía nacional, el 19% del PIB español, y la que más crece. "No se explica si no es por su situación política interna", ha agregado. "Si no vigilamos que el dinero vaya a cubrir las necesidades de los catalanes y evitamos que vaya a gastos relacionados con la independencia, los que sufrirán las consecuencias serán los trabajadores, los desempleados, los pensionistas, los usuarios de la educación y de la sanidad pública, los funcionarios, el tejido productivo y el conjunto de la sociedad catalana", ha relatado Montoro. El ministro ha rechazado que los controles pongan en riesgo los servicios públicos sino al contrario, garantizan su funcionamiento porque se asegura que van a ser pagados y que no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera. "El control supone que ni un euro vaya a financiar partidas presupuestarias inconstitucionales ni que las decisiones políticas de la Generalitat pongan en riesgo la estabilidad presupuestaria", ha insistido. Montoro ha repasado las grandes cifras de los instrumentos de financiación del Estado a los que se ha acogido la Generalitat de Cataluña desde que se pusieron en marca en 2012: 69.000 millones de euros en total, la comunidad que más dinero ha recibido, incluidos los fondos a proveedores de entidades locales catalanas. De esa cifra, más de 20.000 millones han ido directamente a proveedores. En total, se han pagado 1,6 millones de facturas y, según Montoro, la comunidad se ha ahorrado 9.979,88 millones de euros en intereses ya, ahorro que a lo largo de la vida de estos préstamos alcanzará los 19.148,7 millones, "una cifra importantísima". "Acusar al gobierno de agresión a los servicios públicos de Cataluña se coloca en el paso siguiente a la demagogia", ha agregado el responsable de Hacienda.