MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha ofrecido al PSOE "coincidir y no sólo dialogar" para flexibilizar el año que viene la regla de gasto, en un grupo de trabajo junto a comunidades autónomas, entidades locales y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
En respuesta a una interpelación del socialista Antonio Pradas, el ministro ha recordado que esa revisión se producirá en paralelo a la que se ha iniciado en Bruselas y ha mostrado voluntad de acuerdo, pero ha pedido también "ponderación" al resto de partidos políticos porque en 2017 tiene que continuar la reducción del déficit, "que va a ser muy exigente".
Pradas ha reclamado la exigencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que se permita a los municipios ser autónomos para destinar su superávit, más allá de la limitación actual de que las inversiones sean financieramente sostenibles. Según ha dicho, hay servicios municipales que son por naturaleza deficitarios, pero que los ayuntamientos a su juicio deben prestar, y otros de carácter social que no se les permite emprender y que pueden crear empleo.
70.000 EMPLEOS POSIBLES
Según sus cuentas, los 4.500 millones de superávit de las entidades locales españolas podría traducirse en unos 70.000 puestos de trabajo, pero los ayuntamientos no pueden poner en marcha por ejemplo planes de empleo con ese dinero sobrante. Pradas ha reclamado que la regla de gasto se flexibilice porque la economía no está en la situación de 2012, cuando se aprobó la Ley de Estabilidad que impone esa limitación.
También ha exigido a Montoro una quita de la deuda del Plan de Proveedores para determinados municipios "que lo están pasando muy mal", así como una ampliación del plazo de amortización para que puedan afrontar los pagos. Por último, ha pedido que Hacienda garantice a los trabajadores de empresas municipales que no perderán su puesto si la sociedad entra en pérdidas.
Cristóbal Montoro ha insistido en que la regla de gasto se revisará, pero ha defendido la vigencia de la Ley de Estabilidad y su utilidad desde 2012, "cuando había miles de entidades locales que no podían pagar nóminas y la cuestión era cuántos ayuntamientos se iban a cerrar". "Hemos conseguido aplicando la ley que hoy el problema sea el uso del superávit. No está mal el problema", ha añadido con ironía.
Con respecto a los municipios que tienen problemas financieros, ha asegurado que la situación es grave en unos 200, de los 8.125 que hay, y que tienen la posibilidad de adherirse al llamado fondo de ordenamiento para tener liquidez. Si muchos de ellos no lo hacen, ha dicho, es porque no hay acuerdo político en el ayuntamiento.
"La raíz de esos problemas financieros son problemas políticos. Llamo a la responsabilidad de todos, de todos, para que no se entienda que la labor de oposición es bloquear o paralizar un ayuntamiento", ha dicho el ministro.