Moreno pide al juez de 'Titella' que revele el "coste económico" que supone mantener "una investigación prospectiva"

Sostiene que mantener viva la investigación provoca "un coste altísimo a las arcas públicas"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El productor televisivo José Luis Moreno ha pedido al juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de la 'operación Titella' que revele el "coste económico incurrido como consecuencia de la incoación y sustanciación" de la que considera una "prohibida investigación prospectiva frente" a su persona.

En un escrito del pasado 27 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del ventrílocuo asegura que "la contumaz negativa" del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, a "acordar el sobreseimiento y archivo" respecto de Moreno "está suponiendo un coste altísimo para las arcas públicas, pues la Administración de Justicia sigue destinando fondos públicos" a la propia causa.

En este sentido, y "conforme" a la ley, la representación de Moreno ha solicitado que "bien directamente o bien mediante solicitud al Ministerio de Justicia y Ministerio de Interior", se den detalles del "coste económico incurrido por todos los conceptos como consecuencia de la incoación y sustanciación de estas diligencias previas".

El abogado del productor televisivo se ampara en la ley de transparencia y recuerda que la misma reconoce "el Derecho de todos los ciudadanos a la transparencia, el acceso a la información pública" y pide "someter a los responsables públicos a escrutinio a fin de que expliquen cómo se manejan los fondos públicos".

En el citado escrito, Moreno incide en que ya "han transcurrido más de tres años desde la incoación de esta causa". "Periodo durante el cual se ha venido sustanciando una investigación penal que jamás debió haberse dirigido frente a mi mandante al no existir indicio alguno respecto del mismo, ni conducta desplegada por el señor Moreno merecedora de reproche penal", sostiene su letrado.

A su juicio, su "imputación trajo causa de unos informes policiales erróneos, que ya han quedado desvirtuados". "A pesar de ello", añade, "se acordó dirigir el procedimiento frente a Moreno" otorgándole una "condición de investigado que aún hoy se mantiene a pesar de haberse acreditado cumplidamente su inocencia".

"Tanto es así, que en el colmo del esperpento ha tenido que ser esta parte la que solicite insistentemente la concreción de los hechos, indicios y delitos de los que aún habría de defenderse, concreción que no ha hecho el Juzgado Central (nada se reprocha, pues es imposible concretar lo inexistente); y el impulso urgente de la causa. Lo que tampoco se ha acordado", critica.

ESTAFA, BLANQUEO O ASOCIACIÓN ILÍCITA

José Luis Moreno, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.