MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo considera que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía incumple la ley al no declarar en desamparo a los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en los centros andaluces.
Según consta en el Informe Anual de 2008 de la oficina que dirige Enrique Múgica, y al que tuvo acceso Europa Press, recoge que esa acción de no declarar formalmente la situación de desamparo es "incompatible" con la legislación de protección de menores vigente y la actuación de la Consejería que dirige Micaela Navarro "no puede entenderse más que como el incumplimiento de una actuación que ha de realizarse por ministerio de la ley".
La Consejería andaluza aplica ese criterio al entender que a muchos de estos menores no se les puede considerar como desamparados porque sus familias conocen su situación, sin embargo Múgica desaprueba el mismo al entender que es indudable que los menores se encuentran en España "en una situación de total desatención por parte de quienes están llamados a protegerlos y tenerlos a su cuidado".
El informe de la institución recoge que ya remitió a la Consejería una recomendación para que modificase ese criterio, a la que la Junta argumentó que los menores extranjeros no acompañados están suficientemente protegidos al encontrarse bajo la guarda de los servicios andaluces de menores, sin que considerase necesario declarar formalmente el desamparo del menor para protegerlo de manera más efectiva.
En la misma línea de lo anterior, el Defensor del Pueblo señala que "no puede asumir tal criterio" y recuerda que una vez detectada una situación así, "deben operar las previsiones establecidas en el ordenamiento jurídico".