ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP), Miguel Navarro, rechazó este lunes el reconocimiento del aragonés y el catalán en la proposición de ley de lenguas minoritarias, que están tramitando las Cortes de Aragón y a la que los populares han presentado 60 enmiendas parciales. Este grupo de la oposición niega la posibilidad de que el aragonés y el catalán se empleen como lenguas vehiculares en la enseñanza no universitaria.
En rueda de prensa, Miguel Navarro reiteró que el Grupo Popular defiende "las modalidades lingüísticas propias de Aragón", tras lo que expresó que los populares pretenden sustituir el reconocimiento del aragonés y el catalán como lenguas propias de Aragón por el reconocimiento de "las modalidades lingüísticas locales".
El parlamentario del PP rechazó la "promoción de las lenguas propias" para, en su lugar, garantizar "el derecho de uso y enseñanza con arreglo al principio de voluntariedad", de tal manera que ningún residente en algún municipio de uso habitual del aragonés o el catalán se vea forzado a emplearlas. De los municipios cercanos a las zonas de uso frecuente de ambos idiomas, Navarro propuso que no se proteja ni enseñe el catalán ni el aragonés.
La enseñanza de ambos idiomas deberá ser voluntaria, según el PP, que en ningún caso favorecerá el derecho a utilizar el aragonés o el catalán como lenguas vehiculares para la impartición de asignaturas como Matemáticas, Educación Física o Historia. El parlamentario del PP consideró que no es necesario que la Comunidad Autónoma reconozca las autoridades lingüísticas del catalán de Aragón y el aragonés, tras lo que proclamó que los populares defienden la enseñanza de las modalidades lingüísticas, pero en ningún caso promoverán la enseñanza del aragonés y el catalán.
Miguel Navarro aludió a la protección de los derechos de los hablantes del aragonés y el catalán ante las Administraciones públicas y opinó que reconocer este derecho "generaría un marco que tendría que posibilitar que todas las Administraciones tuvieran medios de traducción", lo cual "supondría un gasto innecesario que la Comunidad Autónoma difícilmente podrá soportar". El PP trata de enmendar todos los artículos de la Ley.