El novio de Ayuso señala al "equipo" del fiscal general por la filtración que investiga el Supremo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo (TS) donde asegura que "no existe ninguna duda" de que "se han cometido varios delitos de revelación de secretos" por parte de lo que denomina "el equipo de Fortuny", en alusión al círculo de confianza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así lo expone en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, donde se opone a los recursos presentados por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para impugnar los registros efectuados el pasado 30 de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus respectivos despachos.

El abogado acusa a la Abogacía del Estado de invocar la nulidad de pleno derecho de ambos registros basándose en una "irrealidad procesal y material", al actuar "como si no existieran las conductas que, en relación a los hechos, ya se conocen de los investigados" como resultado de la instrucción, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como en el TS.

En respuesta, recuerda que el objeto de las pesquisas afecta al "total de conductas protagonizadas por los aquí investigados --y, seguro, por terceros-- entre los días 7 y 14 de marzo con ocasión de la revelación de todas las actuaciones preprocesales desarrolladas por el Ministerio Fiscal antes de que ni tan siquiera existiera procedimiento penal alguno" contra González Amador.

Y lo hace ampliando la lista de supuestos responsables de la filtración tanto de la cadena de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para intentar llegar a un acuerdo; como de la noticia sobre las pesquisas que se dirigían en su contra.

González Amador menciona en particular a la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ana García León, y a su 'número dos', Diego Villafañe, por las conversaciones de WhatsApp que tuvieron entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 con Rodríguez sobre la investigación contra la pareja de la mandataria regional.

Se basa para ello en el informe elaborado por la UCO sobre el material incautado a Rodríguez durante el registro a su despacho, el cual comienza con un mensaje de WhatsApp enviado el 8 de marzo por Villafañe a la jefa de la Fiscalía Provincial donde éste le indica que faltan páginas por escanear del expediente referido a González Amador, y le pide corregirlo.

En mensajes posteriores, concretamente el 13 de marzo, Rodríguez precisó, en conversación con García León, que fue el 7 de marzo cuando envió "todo" lo relativo a las diligencias contra González Amador a Villafañe. "Así que imagino que después de analizarlas es cuando se ha dado publicidad por FGE", dijo la fiscal jefe provincial a su interlocutora.

La UCO destacó el hecho de que la denuncia contra González Amador se publicara en prensa el 12 de marzo, "es decir, tan solo cuatro días después" de que la Fiscalía General del Estado la recibiera "de manera completa" desde la Fiscalía Provincial de Madrid, por lo que achacó al Ministerio Público la filtración de las acciones penales contra el novio de Díaz Ayuso.

DEJÓ DE SER UN "CIUDADANO ANÓNIMO"

González Amador hace la misma lectura que la UCO, enfatizando que la información se publicó "antes de la existencia de actividad alguna de reparto de la denuncia" en los juzgados de instrucción de Madrid.

"Desde ese momento", alega el escrito, González Amador dejó de "ser tratado como un ciudadano anónimo", "pasando a tener el tratamiento asociado a ser la 'pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid', lo que ha supuesto que toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado consecuencia del ejercicio de la función pública preprocesal atribuida al Ministerio Fiscal que estuvo en su mano haya sido objeto de revelación pública".

Además, acusa directamente a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid de estar "mintiendo de forma absoluta al órgano instructor" por declarar que no recordaba "haberse enterado de la filtración y publicación de la denuncia por la prensa", cuando "tenía perfecto conocimiento de la noticia, como cualquiera".

En cuanto a García Ortiz, le vuelve a acusar de "obstaculizar y paralizar las investigaciones", asegurando que "el otro único interés" mostrado por el fiscal general "ha sido mantener su condición de superior jerárquico de María Ángeles Sánchez Conde", la fiscal del caso y su 'número dos'.

También afea a la Fiscalía no haber iniciado "investigación alguna, ni por esta revelación de la denuncia, expediente tributario y diligencias de investigación, ni por ninguna otra de las que le sucedieron".

SÁNCHEZ ACERA Y LOBATO

El abogado de González Amador hace mención asimismo al acta notarial encargada por el ex secretario general del PSOE Juan Lobato donde se refleja que a las 8:29 del 14 de marzo, antes de que la Fiscalía difundiera la nota de prensa con la cadena completa de 'emails', la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera le ofreció el documento con la confesión de los delitos fiscales para que la usara "como herramienta política en el Pleno de la Asamblea de Madrid a celebrarse ese jueves".

El resultado, asegura, es que "desde el 14 de marzo de 2024, como consecuencia de los hechos relatados, y antes de que ningún proceso penal se dirigiera frente a González Amador --ni tan siquiera existía--, el mismo pasó a ser denominado de forma pública 'delincuente confeso' por todos los políticos de grupos rivales al de su pareja sentimental y por los mismos medios de comunicación a los que se les filtró para que trocearan y revelaran a su antojo" la información.

"De esta forma se consumó la lesión de forma absoluta y definitiva de los derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de datos, a la presunción de inocencia y el derecho de defensa, con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial, proporcional a la intensidad, tipicidad y relevancia de los hechos que nos ocupan y de las personas protagonistas de las conductas delictivas", afirma.