La nueva Ley de Memoria, aprobada en comisión en el Congreso con apoyo de Bildu y PNV y abstención de ERC

(I-D) La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua; el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez; y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, conversan en una Junta de Portavoces - Eduardo Parra - Europa Press

El texto se elevará a un pleno posterior al debate de la Nación para que el Senado pueda aprobarlo en septiembre y entrar en vigor

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Memoria Democrática con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Esquerra Republicana ha optado por la abstención porque ve avances tras los últimos cambios introducidos, pero le sigue pareciendo insuficiente.

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo de ERC, que la considera insuficiente.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

VICTIMAS HASTA 1983, 5 AÑOS DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN

El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese estudio deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura". Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma "objetiva e imparcial".

Desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha destinado más de 21.000 millones de euros para reparaciones económicas a unas 608.000 víctimas de la Guerra y del franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda.

ILEGALIDAD DE LOS TRIBUNALES FRANQUISTAS

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara "ilegal" el régimen franquista y reconoce expresamente que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" alumbraron la democracia.

Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la "represión y persecución" cultural y lingüística del franquismo, declarando "víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega".

Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.

Todos estos acuerdos han permitido al Gobierno sumar apoyos suficientes para sacar adelante la ley este lunes en la Comisión Constitucional. A los 17 votos que suman PSOE y Unidas Podemos en comisión ha añadido este lunes los del PNV y Bildu, lo que ya les ha dado la mayoría absoluta en la comisión que preside el socialista Patxi López.

Finalmente Esquerra Republicana se ha decantado por la abstención, pues aunque su portavoz ajunta, Carolina Telechea, admite que ha habido avances en las enmiendas pactadas, creen que faltan cuestiones como fijar una escala de reparaciones económicas, impedir que prescriban los crímenes del franquismo y derogar total o parcialmente la Ley de Amnistía de 1977, que a su juicio sella la "impunidad" del franquismo. "Se sigue sin poder juzgar los crímenes del fascismo", ha señalado.

EL GOBIERNO CONFÍA EN QUE ERC NO SE PASE AL 'NO'

Los partidos del Gobierno han pactado este lunes cinco enmiendas con los republicanos y confían que, cuando la ley llegue al Pleno, ERC al menos mantenga la abstención que ha marcado en ponencia y comisión.

Tampoco Junts ha querido dar su apoyo al texto, se ha quedado en la abstención, al considerar que "no cambia nada" para investigar crímenes del franquismo y no declara a Cataluña como "nación víctima" de la dictadura.

En contra se han mantenido el PP, Vox, Ciudadanos y el diputado Carlos García Adanero, de Navarra Suma, que ha representado al heterogéneo Grupo Mixto.

Una vez aprobado por la Comisión Constitucional, el dictamen de la comisión se elevará al 'pleno escoba' que se prevé celebrar tras el Debate sobre el estado de la Nación con idea de que esté disponible en el Senado a la vuelta del verano para que se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en septiembre y entrar en vigor.