La oposición, salvo Ciudadanos, prepara un acto en el Congreso para celebrar los 40 años de la Ley de Amnistía

Algunos plantean reformar esta norma para que se puedan juzgar los crímenes franquistas, pero el PSOE prefiere ampliar la Ley de Memoria

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El intergrupo parlamentario sobre Memoria Histórica, en el que participan todos los grupos del Congreso, salvo el PP y Ciudadanos, está organizando un acto en la Cámara Baja para celebrar el 40 aniversario de la aprobación de la Ley de Amnistía, que fue aprobada el 15 de octubre de 1977 y que está considera fue uno de los hitos de la Transición.

Según han informado a Europa Press fuentes del intergrupo, la fecha que barajan para esta conmemoración es el miércoles 18 de octubre y su idea es que, además, de los partidos puedan participar en el acto víctimas del franquismo y representantes de asociaciones memorialistas.

La Ley de Amnistía fue una de las primeras que alumbraron las Cortes surgidas de las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, que tuvieron lugar en junio de 1977, y sirvió para la puesta en libertad de los presos políticos, lo que facilitó la aprobación de la Constitución en 1978.

Sin embargo, en los últimos tiempos la Ley de Amnistía ha vuelto a estar de actualidad porque ha sido invocada tanto por los tribunales como por el Gobierno para sostener que los crímenes del franquismo no pueden ser juzgados en España, puesto que los hechos que se pretenderían condenar son anteriores a aquella amnistía de 1977.

En concreto, la ley exoneró de todos los crímenes cometidos en España con anterioridad al 15 de diciembre de 1936 y hasta el 15 de junio de 1977, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones tras la muerte de Francisco Franco.

La mayoría de integrantes del intergrupo de Memoria Histórica no comparten esta lectura y varios son partidarios de impulsar una reforma de la Ley de Amnistía así como del Código Penal para dejar claro que los crímenes del franquismo lo fueron de lesa humanidad y, por tanto, deben ser considerados imprescriptibles y juzgados conforme al Derecho Internacional y los distintos Tratados que tiene suscritos España.

Atendiendo a la petición de las víctimas del franquismo, en concreto, de las impulsoras de la querella que presentaron en Argentina, ante la negativa de la Justicia española a investigar, los grupos están preparando sus textos, que aún no han acordado si presentarán por separado o conjuntamente, para que el Congreso aborde esa reforma.

NULIDAD DE SENTENCIAS POLÍTICAS

En paralelo, Unidos Podemos, Esquerra, el PDeCAT, Compromís y EH Bildu demandan una reforma de la Ley de Memoria Histórica, de cuya aprobación se cumplirán diez años el próximo mes de diciembre, para decretar la nulidad de las sentencias políticas del franquismo. Esa norma declaró ilegítimos los tribunales de la dictadura y de sus resoluciones, pero no contempla la nulidad de estos fallos.

Por su parte, el PSOE ya está preparando una proposición de ley para reformar esta norma impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero rechaza una reforma de la Ley de Amnistía. A su juicio, es jurídicamente más eficaz ampliar una ley reciente que cambiar una de hace 40 años. Eso sí, los socialistas defienden que hay que poner fin a la "impunidad" de los delitos contra la humanidad cometidos durante el franquismo.

Además, en esa revisión de la Ley de Memoria los socialistas plantearán impulsar las exhumaciones de fosas comunes, crear una Comisión de la Verdad y aplicar el informe de expertos que abogaba por sacar lo restos de Franco del Valle de los Caídos y hacer de ese monumento un lugar de reconciliación.

Otro de los asuntos que bajaran incluir es la nulidad de las sentencias políticas. Precisamente, el pasado martes, a instancias del PSOE el Pleno del Congreso aprobó una iniciativa que reitera la "ilegitimidad" de esas sentencias y deja claro que todas fueron también "radicalmente nulas e injustas y carentes absolutamente de eficacia y validez". Pero este texto no es más que una declaración parlamentaria y carece de efecto jurídico alguno.