La oposición no pregunta en el Senado por la citación judicial a Rajoy, en un mes sin control al Gobierno en el Congreso

Sólo un senador, el socialista vasco Tontxu Rodríguez, pide explicaciones por el papel de la Fiscalía ante la corrupción

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición parlamentaria ha renunciado a registrar preguntas al Gobierno en el Pleno del martes del Senado por la citación judicial al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya que una vez cerrado el plazo este jueves no se ha presentado ninguna cuestión sobre este asunto, ni hay mención expresa a la operación policial 'Lezo' que ha supuesto la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El del martes es un Pleno al que no acudirá Rajoy y por el momento no está confirmado si lo hará la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero sí otros miembros del gabinete. De las 19 preguntas registradas por los grupos sólo hay una, del senador socialista Tontxu Rodríguez, sobre la actuación de la Fiscalía en los casos de corrupción.

En concreto, el parlamentario vasco pide explicaciones sobre "los intereses que defiende" la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, una pregunta ante las informaciones que apuntan a que el fiscal de este último órgano, Manuel Moix, intentó obstaculizar la investigación de la llamada 'operación Lezo' por corrupción en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica.

EN EL CONGRESO, SIN PLENO DE CONTROL HASTA EL 10 DE MAYO

El resto de los parlamentarios se interesan por temas variados y habituales en sesiones del Senado aunque el orden del día es provisional y las preguntas pueden ser modificadas por motivos de urgencia hasta el próximo martes.

La Cámara Alta casualmente celebrará ese día la única sesión de control al Gobierno en las Cortes en cinco semanas. El Congreso, con el paréntesis de la Semana Santa y el comienzo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, no tiene previsto un Pleno con preguntas al Ejecutivo hasta el 10 de mayo.

De esta forma, la sesión del Senado es la primera en la que la oposición podía aprovechar la presencia del Gobierno para preguntarle por los asuntos surgidos esta semana y que han protagonizado la vida política: la citación a Rajoy como testigo por el tribunal que juzga la primera etapa del 'caso Gürtel', o la operación policial en torno a la empresa pública Canal de Isabel II, que ha supuesto la detención del ex dirigente del PP Ignacio González.

En el Congreso, tanto el PSOE como Ciudadanos han pedido las comparecencias de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, por su actitud en la investigación sobre la 'operación Lezo', mientras que Unidos Podemos anunció que pediría explicaciones a Mariano Rajoy por su citación en el juicio de la Gürtel.

En el Senado, el portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Vicente Álvarez Areces, se interesa por la variante de Pajares (Asturias), el del PNV, Jokin Bildarratz, pregunta por la relación de Justicia con las asociaciones de víctimas del franquismo y por parte de Ciudadanos, Xavier Alegre pide concreción sobre cómo afecta la recuperación económica a los salarios, entre otras cuestiones registradas.

LAS BANDERAS A MEDIA ASTA EN DEFENSA

Por parte de Unidos Podemos, se han presentado tres preguntas a los ministros, ninguna de su portavoz y líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar: sobre las donaciones a Sanidad de la Fundación de Amancio Ortega, la precariedad laboral de los trabajadores de centros especiales de empleo, y las banderas a media asta en instalaciones del Ministerio de Defensa durante la pasada Semana Santa.

Precisamente este asunto de las banderas, que también ha generado crítica política desde las pasadas vacaciones, es el único que se repite en el orden del día provisional del Pleno, porque también el PSOE ha registrado una pregunta sobre las razones de esa orden.

Este orden del día recoge también tres interpelaciones a los ministros, sobre las infraestructuras en Aragón y en Galicia, por separado, y sobre la protección de los derechos sociales y electorales de los españoles en el exterior.