MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado los recursos que habían presentado el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras así como los siete exconsejeros que declararon la semana pasada por rebelión, sedición y malversación y contra los que dictó prisión incondicional, según han informado fuentes jurídicas.
Además de Junqueras, la magistrada envió a prisión a Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó, mientras que Santiago Vila salió al día siguiente de la cárcel al pagar una fianza de 50.000 euros. Los otros cuatro exconsejeros y el expresidente Carles Puigdemont continúan huidos en Bélgica y no acudieron a declarar.
Al ser de reforma los recursos presentados por las defensas de los exconsejeros, era la misma titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 la que debía resolver sobre la petición de excarcelación. Finalmente, Lamela ha rechazado todos los argumentos y los ocho miembros del Govern de Puigdemont deberán seguir en prisión.
A Junqueras y los otros siete exconsejeros catalanes les queda ahora la posibilidad de presentar recurso de apelación, el cual será examinado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano colegiado formado por varios magistrados de este tribunal.
LA CÁRCEL LES IMPIDE PARTICIPAR EN EL 21-D
Las defensas de los exconsejeros afirmaban en los recursos que su estancia en prisión preventiva "lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política" en las elecciones autonómicas que se han convocado en Cataluña el próximo 21 de diciembre.
Su defensa añadía que esta situación supone un "daño reputacional" para un representante político en campaña y consideraba que no puede haber reiteración delictiva porque con la aplicación del artículo 155 ya han sido cesados de sus cargos en el Govern.
Asimismo, proponía sustituir la medida de prisión incondicional por otras cautelares "menos gravosas" como la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España o una fianza económica, siguiendo lo aplicado a Vila.