El otro compromiso de gasto del Gobierno: el 0,7% en ayuda al desarrollo para 2030

Desde la Coordinadora de ONGD alertan de que si se alcanza el 2% del gasto en defensa "los gastos militares podrían llegar a ser diez veces los fondos destinados a cooperación"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está inmerso en un esfuerzo por cumplir con su compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB lo antes posible, adelantándose al objetivo que se había trazado para 2029, pero también tiene que cumplir por ley con otro objetivo presupuestario: destinar el 0,7% a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2030.

La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, aprobada en febrero de 2023 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, prevé expresamente que "España destinará, al menos, el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la AOD, conforme a los criterios contables acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030".

A falta de que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE publique los datos de 2024, la AOD española se quedó en el 0,24% en 2023, con unos 3.880 millones de euros, una cifra muy alejada de la meta final. Los planes del Gobierno de incrementar el gasto en defensa, que con los presupuestos prorrogados por segundo año consecutivo se hacen más complicados, han hecho saltar las alarmas de que pueda hacerse a costa de recortar en otras partidas.

Durante su comparecencia del pasado 26 de marzo en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el incremento de la partida destinada a defensa, que parte de un compromiso en el seno de la OTAN, se hará "sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental".

El presidente no mencionó expresamente la ayuda al desarrollo, pero en recientes declaraciones en Bruselas al término del último Consejo Europeo llamó la atención sobre el "estupor" con el que asisten los países más vulnerables a "las amenazas de la retirada de la ayuda humanitaria, la cooperación al desarrollo y el impacto devastador que va a tener sobre sus vidas".

Sánchez se refería con ello a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desmantelar prácticamente la agencia para el desarrollo USAID o la del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que ha optado por reducir la partida destinada a cooperación al desarrollo para poder aumentar el gasto en defensa.

"Retirar esta ayuda implica cosas como quitar vacunas a niños menores de 5 años, dejar de suministrar agua potable a miles de aldeas, dejar sin apoyo a millones de personas, incluidos mujeres y niños, en situación de guerra", alertó el jefe del Ejecutivo.

APUESTA POR LA COOPERACIÓN DEL GOBIERNO

Durante la presentación de la nueva Estrategia de Acción Exterior este mismo martes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dejó claro que se seguirá apostando en los próximos cuatro años por la cooperación al desarrollo. Con todo, desde su departamento no aclaran a Europa Press cómo se va a hacer con los presupuestos congelados desde 2023, más allá de reivindicar que "España está funcionando" y la economía sigue creciendo.

En la Coordinadora de ONGD no ocultan su preocupación y no entienden cómo el Gobierno sí puede pasar del 1,28% del PIB en gasto en defensa al 2% con tanta rapidez y no hacer lo propio en lo relativo a la ayuda al desarrollo, cuando además el incremento es muy inferior.

Si finalmente ocurre lo primero y los recursos para AOD no se incrementan, "los gastos militares podrían llegar a ser diez veces los fondos destinados a cooperación", advierte Nacho Esteve, vocal de comunicación de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, en declaraciones a Europa Press, dado que el se elevaría el gasto militar entre 4.000 y 5.000 millones al año, una cifra superior al nivel actual de AOD.

LA COOPERACIÓN REDUCE CONFLICTOS

Para Esteve, "la ecuación debería estar muy clara: se trata de defender políticas de guerra o políticas de construcción de paz". "La cooperación no es un lujo, sino una inversión en un contexto mundial en el que se necesita más que nunca defender los Derechos Humanos, proteger el planeta y garantizar la paz", esgrime, incidiendo en que además "reduce conflictos y contribuye a frenar las múltiples y graves crisis humanitarias que afectan a millones de personas en todo el mundo".

Desde la Coordinadora, que aglutina a más de 70 ONG que trabajan en ayuda al desarrollo, calculan que si España hubiera cumplido con el compromiso --ahora recogido en la ley-- del 0,7% en AOD entre el año 2000 y el 2023 se habrían destinado unos 125.000 millones de euros. "Una cantidad que podría haber contribuido a garantizar los Derechos Humanos de millones de personas en todo el mundo", subraya Esteve, para quien "existe una deuda que debe saldarse y, en ningún caso, puede aumentar".

Así las cosas, destaca que si España llegara al 0,7% y, tal y como estipula la Ley de Cooperación, se destinara el 10% a acción humanitaria, "se multiplicarían por cinco las personas a las que se ofrece apoyo en este momento". "Eso supondría pasar de un millón de personas a casi cinco que recibirían una asistencia que ahora no están recibiendo", resalta este responsable de la Coordinadora.

¿CÓMO LLEGAR AL OBJETIVO?

El artículo 1.6 de la Ley de Cooperación al Desarrollo Sostenible, en el que se recoge la meta del 0,7% en línea con una reclamación de larga data del sector y al compromiso en el seno de la UE, se precisa que habrá "objetivos intermedios fijados a través de los Planes Directores de la Cooperación Española".

Asimismo, aclara que además de las "asignaciones necesarias en los Presupuestos Generales del Estado basadas en las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio", también se tendrá en cuenta para el cómputo final "las aportaciones presupuestarias realizadas a la AOD por las comunidades autónomas, los entes locales y otras entidades públicas".

No obstante, el Plan Director 2024-2027 no fija los objetivos intermedios sino que formula tres escenarios para llegar al 0,7% para 2030. El primero de ellos plantea un "aumento lineal", lo que supondría un incremento en proporción cada año, algo que ya no está ocurriendo al estar los presupuestos congelados.

En el segundo, el documento elaborado por Exteriores señala un "crecimiento más limitado" durante los primeros años ante "la necesidad de fortalecer previamente las estructuras de gestión del sistema para poder absorber (...) los aumentos presupuestarios futuros", para acelerar el ritmo "una vez implementadas las reformas que permitan una mayor movilización de recursos, por ejemplo, a través de una cooperación financiera reforzada".

El último, que es una variación del anterior, señala que "la prórroga presupuestaria de 2024 y el fuerte aumento de la RNB hace que el crecimiento sea más modesto durante la primera parte de la senda". "A partir del trabajo conjunto con todos los actores y de la reforma del sistema, podemos prever contar con instrumentos, nuevas estrategias y capacidades suficientes para aumentar de manera más pronunciada en los años próximos a 2030".

En opinión de Esteve, es este tercer escenario el que parece haber imperado, lo cual supone dar por hecho que no se llegará al 0,7% en 2030, si bien la ley dejaba la puerta abierta a que esto no ocurriera, al señalar ese año como "horizonte".

Con todo, sostiene que "cuando hay visión y voluntad política se puede conseguir", al tiempo que recuerda que también las comunidades autónomas y los entes locales deben contribuir. En 2023 la media de las CCAA se situó en 0,12%, con Euskadi a la cabeza en el 0,35%.

Un argumento que también esgrime el Gobierno. "El 0,7% es un objetivo al que contribuyen todas las administraciones públicas, también comunidades autónomas y entidades locales", recuerdan fuentes de Exteriores a Europa Press.