Otro jefe de Mossos confirma que advirtieron hasta en 2 días diferentes al Govern de los riesgos del 1-O

Reconoce que se plasmó la necesidad de destinar entre 30.000 y 40.000 efectivos para impedir la celebración del referéndum

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El que fue máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos d'Esquadra en la jornada del referéndum ilegal Emili Quevedo Malo ha confirmado este lunes ante el tribunal que juzga el 'procés' independentista que el cuerpo policía autonómico advirtió hasta en dos días diferentes --26 y 28 de septiembre de 2017-- de los riesgos previsibles si se mantenía la convocatoria del 1-O.

Durante su declaración como testigo en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, este comisario de los Mossos se ha manifestado en la misma línea que el exjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra Manuel Castellví, cuya testifical ha concluido este lunes.

Quevedo está investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà (Barcelona) por un delito de desobediencia por su supuesta pasividad al impedir el referéndum, pero se ha prestado a responder a todas las preguntas que le han formulado las acusaciones y defensas, tras ser informado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, de evitar aquellas que considere que pueda perjudicarle en la causa en la que se encuentra inmerso.

A preguntas del fiscal Javier Zaragoza ha empezado explicando que a consecuencia de las instrucciones del fiscal superior de Cataluña encaminadas a impedir el 1-O, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero -que será juzgado próximamente en la Audiencia Nacional--, encargó a su departamento un informe técnico, en el que se plasmó la necesidad de "entre 30.000 y 40.000" agentes de los Mossos para cerrar colegios y establecer un perímetro de seguridad.

En otro momento de la declaración, Quevedo ha explicado que los altos mandos de los Mossos advirtieron al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de las situaciones de peligro que preveían si se celebraba el 1-O. En un primer lugar, el mayor Trapero, que se reunió con él, y con el exvicepresidente Oriol Junqueras y con el exconseller de Interior Joaquim Forn el 26 de septiembre, les manifestó "la preocupación que había en los Mossos por la situación que había en general en el país".

TRAPERO PIDIÓ QUE DESCONVOCASE EL 1-O

Según le contaron, ya que no asistió a este encuentro, Trapero también les planteó la posibilidad de desconvocar el referéndum, además de insistir en que "indudablemente" los Mossos iban a cumplir con el mandato como "policía judicial". Lo mismo se trasladó en la reunión -"poco habitual", ha calificado-- que tuvo lugar dos días después, solicitada por el mayor debido a que la anterior "no había tenido éxito".

Ha relatado que fue invitado, al igual que a otros mandos superiores, para volver "intentar disuadir a los máximos responsables" de la Generalitat de que no siguiesen adelante con su intención de celebrar la consulta. El fiscal Zaragoza ha querido saber si los Mossos advirtieron en esa reunión de la posibilidad de una "alta movilización de personas" que podrían generar problemas de seguridad.

ADVERTENCIAS A PUIGDEMONT

Quevedo ha señalado que fue Castellví quien lo expuso, poniendo de ejemplo que se podrían dar "enfrentamientos entre favorables y contrarios al referéndum" y que uno de los escenarios previstos era los "choques" entre las fuerzas policiales y los concentrados en los colegios electorales.

Aún así, ha añadido, Puigdemont aseguró que sus planes seguían en pie porque el Govern "tenía un mandato que cumplir" y que Junqueras sólo señaló que creía que "no habría ningún tipo de resistencia" contra los agentes de la policía. Posteriormente, a preguntas del abogado de Forn, Javier Melero, ha precisado que los planes y el dispositivo de los Mossos diseñados para el 1-O no se modificaron en ningún momento tras conocer la postura del exGovern.

En dicho encuentro, también se trasladó la "disconformidad" del cuerpo con las manifestaciones públicas realizadas por parte de miembros del gobierno catalán, como Forn. En opinión de Quevedo era contrarias a lo que había dicho en su presentación, tras el cese en verano del anterior consejero Jordi Jané, sobre que "tenía clarar la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser la actividad operativa o el cumplimiento de la ley por parte de la policía".

En las cuestionadas se proyectaba a la ciudadanía la "prevalencia" entre la actuación policial y el cumplimiento del mandato judicial y que se actuaría como "una jornada electoral al uso", ha dicho. "¿Era incompatible con sus cometidos?", ha preguntado el fiscal. "Obviamente, no podíamos actuar como otra jornada normal en una actividad política que había sido prohibida", ha respondido el testigo.

RECONOCE UN DISPOSITIVO INSUFICIENTE

En este sentido ha explicado que el 1 de octubre de 2017 trabajaron 11.000 mossos, aunque para el dispositivo sólo se destinaron 7.850 agentes; mientras que en una jornada electoral normal se hace uso de entre 2.550 y 3.500 efectivos. Asimismo, ha reconocido que eran conscientes de que con dos o tres agentes de los mossos en cada uno de los colegios "no podrían hacer frente" al cierre de los mismos, pero consideraban que este "binomio" de Mossos era lo más efectivo porque permitía tener "una información veraz y directa" para conocer lo que ocurría y que el centro de coordinación pudiera "activar" las medidas de refuerzo necesarias para llevar a cabo el mandato judicial.

"Pero la realidad es que no se fue capaz de llevar a cabo el cumplimiento", ha terminado reconociendo después a la abogada del Estado, Rosa María Seoane, para apuntar no obstante que no se podía contar con más agentes de Mossos que no fueran los de seguridad ciudadana, y que no era "realista" haber incluido en el dispositivo a los agentes de Tráfico, salas de mando o investigación criminal. "No era realista que los 16.000 pudieran intervenir", ha subrayado.

Asimismo, ha subrayado que aunque estaba previsto hacer uso de los efectivos de antidisturbios, éstos no pudieron ser destinados para el cierre de colegios electorales porque estuvieron ocupados en diversas manifestaciones que se celebraron ese mismo día, así como el partido de fútbol, que finalmente se celebró a puerta cerrada, entre el Fútbol Club Barcelona y Las Palmas.

ERAN LOS POLICIAS LOS QUE DEBÍAN HACER EL PASILLO

En cuanto al 20 y 21 de septiembre, Quevedo, que siguió la protesta desde el centro de coordinación, ha reconocido que son las "fuerzas policiales" y no los manifestantes los que deben facilitar las vías de acceso y salida de la comisión judicial, en referencia al pasillo que hicieron voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Por otro lado, a preguntas de la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, el que fuera jefe de Planificación de la policía autonómica ha explicado que el helicóptero de vigilancia de los Mossos sólo comenzó a sobrevolar la protesta una vez se supo que había armas dentro de los coches de la Guardia Civil que fueron destrozados por los manifestantes, y que se ordenó la intervención de agentes de orden público pasadas las dos de la madrugada del día 21 porque los Mossos supieron que "había individuos sacando objetos" de esos vehículos.

"¿La actitud de los manifestantes había variado?", ha querido saber la letrada. "Por lo que oí en el centro de coordinación, ya había menos personas concentradas y tenían una actitud bastante distinta a los del día. Lo cual no es muy distinto de lo que ocurre en otras manifestaciones, pues el personal que suele quedar al final suele ser más conflictivo", ha indicado.

Una vez concluida la declaración de Quevedo, el tribunal ha suspendido la sesión hasta las 16.00 horas, que se retomará con la testificales de directivos de Unipost y del Centro de Telecomunicación y Tecnologías de la Información (CTTI).