El Parlament proclamará la independencia "inmediatamente" si gana el 'sí' el 1-O, según el proyecto independentista

No se exigirá participación mínima y se blindará a los electos con una ley "suprema"

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley con que el Gobierno catalán y los partidos independentistas quieren convocar el referéndum del 1 de octubre recoge que el Parlamento catalán proclamará la independencia "inmediatamente" si gana el 'sí', para dar paso a un proceso constituyente que culmine en una constitución para la nueva república catalana.

La normativa con la que quieren amparar el referéndum ha sido redactada por JxSí y la CUP con ayuda de "multitud de expertos" y ha sido presentada este martes en el auditorio del Parlament en un acto al que se había invitado a todos los diputados pero al que finalmente han acudido los de Podem y EUiA, además de los diputados de los dos grupos impulsores.

La normativa de los independentistas declara al Parlament soberano y dice que le habilita para impulsar un referéndum de independencia con resultados vinculantes: si gana el 'sí' se declarará la independencia como máximo 48 horas después de la proclamación definitiva de los resultados.

Esto no implica necesariamente que la proclamación de la independencia sea el 3 de octubre, sino que podría ser después, porque los resultados pueden impugnarse, pero este proceso no se dilataría más de diez días.

VENECIA NO FIJA MÍNIMOS

Los independentistas aseguran que amparándose en los estándares de la Comisión de Venecia, la ley no fija una participación mínima para dar por válido el resultado de la consulta, pero tanto JxSí como la CUP han insistido en la necesidad de que la afluencia sea "un éxito".

Han recordado que la Comisión de Venecia propone no fijar un mínimo de participación en los referéndums para evitar posibles boicots por parte de los detractores de la consulta.

También han reiterado que el 1-O no tendrá nada que ver con la consulta participativa del 9 de noviembre de 2014, que no fue vinculante y que tampoco contaba con un censo previo: entonces los ciudadanos debían autorizar su inclusión en el censo en los puntos de votación antes de introducir la papeleta en la urna.

Ahora habrá censo previo y lo elaborará el Govern, aunque los detalles de este procedimiento se reservan para el acto en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) en el que este martes por la tarde el Ejecutivo catalán dará los detalles organizativos del referéndum.

MESAS OBLIGADAS

Según los autores de la ley, las mesas electorales que se constituirán el día de la votación se configurarán mediante sorteo público de entre todos los censados, que tendrán la obligación de participar, como en cualquier votación electoral.

En caso de que no se presenten miembros de las mesas, la Sindicatura Electoral de la demarcación designará inmediatamente las personas que deben constituirla "pudiendo ordenar que formen parte de ella el número de electores presentes en el local".

Podrán participar todas las personas con derecho a voto "en una convocatoria electoral convencional" que sean residentes en Cataluña y en el exterior --en este segundo caso se necesitará una acreditación especial--, y la ley establece que el Govern deberá ser neutral en todo el proceso.

SIN JUECES

Todo el procedimiento estará controlado por una Sindicatura Electoral, en sustitución de la Junta Electoral, un órgano de nueva creación que estará formado por cinco miembros --juristas y politólogos-- propuestos por el Parlament y avalados por una mayoría absoluta: de entre ellos se elegirá a un presidente --que pasará a denominarse Síndic Electoral-- y a un secretario.

De este organismo dependerán cuatro sindicaturas de tres miembros que representarán a cada una de las circunscripciones electorales --correspondientes a las cuatro capitales catalanas--, y se encargará de velar por la transparencia, la neutralidad, el pluralismo de los medios de comunicación y el escrutinio final: en consecuencia, certificará los resultados del referéndum.

OBSERVADORES

De entre todas las funciones de la Sindicatura Electoral, destaca la acreditación de un equipo de observadores internacionales que hará el seguimiento de todo el proceso, asistirá a todos los actos y preparativos que se celebren, y podrá emitir recomendaciones y hacer consultas.

La ley recoge que todas las autoridades públicas tendrán la obligación de colaborar con la Sindicatura Electoral, y el texto dedica un apartado a los ayuntamientos: deberán poner a disposición de este órgano electoral todos los locales que habitualmente se usan como centro de votación.

Si se niegan, la ley prevé que entonces el Govern podrá habilitar locales alternativos, y también exige que en todo momento el Ejecutivo deberá facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento.

SEGURIDAD JURÍDICA

La futura ley del referéndum será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos cargos que colaboren con la consulta y blindarles de cualquier actuación judicial por parte del Estado.

La norma establece que el decreto de convocatoria del referéndum irá acompañado de un "decreto de normas complementario" que establecerá los detalles técnicos del referéndum, como los modelos de las papeletas y los sobres, los puntos de votación, el periodo de la campaña y los recursos humanos y técnicos que se utilizarán.

Otro punto que concreta el proyecto de ley es que el espacio para campaña electoral se dividirá en un 70% para los partidos y en un 30% para las entidades soberanistas, que previamente deberán ser acreditadas.

La ley del referéndum se publicará en la web 'garanties.cat', con la que el Govern quiere promover la participación en el referéndum, y se registrará en las próximas semanas en el Parlament.

JxSí y la CUP estudian poderla aprobar a través de la lectura única, un procedimiento de máxima urgencia que le daría luz verde en pocas horas y sin debate previo: este mecanismo se ha incluido en la reforma del reglamento del Parlament que varios grupos de la oposición han recurrido al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Este órgano consultivo debe pronunciarse en los próximos días sobre la legalidad de extender el uso de este mecanismo hasta ahora reservado al Govern, pero en cualquier caso no hay obligación de cumplir con sus dictámenes.

Inicialmente estaba previsto que la ley de referéndum se presentara junto a la ley de transitoriedad jurídica, que sienta las bases de la independencia, pero finalmente los grupos independentistas han decidido separarlas: la segunda norma se revelaría y pondría en marcha una vez se conozca el resultado de la votación.