El Parlament reprocha a Daniel de Alfonso no dimitir tras publicarse las grabaciones

El PP se desmarca de la petición de cese y critica que se lleva la campaña al Parlament

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Parlament excepto el PP han coincidido en reprochar al director de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac), Daniel de Alfonso, que no haya dimitido tras publicarse grabaciones en las que habla con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre la presunta búsqueda de casos de corrupción de ERC y CDC.

Lo han hecho en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament, en la que ha comparecido De Alfonso y donde se debate este jueves si aprueba cesarlo de su cargo y traslada esta decisión al pleno, que tiene la última palabra.

La líder de C's en el Parlament, Inés Arrimadas, se ha mostrado preocupada por "la gravedad de las informaciones" y de que Daniel de Alfonso vea normal estas reuniones con el ministro en las que, según ella, el director de la Oac rendía cuentas ante Fernández Díaz.

Pero Arrimadas considera que estos hechos "no borran la corrupción que sigue existiendo en Cataluña" y que no se trata de un ataque de España contra Cataluña, donde --ha recordado-- han salido a la luz presuntos casos de espionaje político.

El portavoz adjunto del PSC, Ferran Pedret, se ha sumado a la petición de C's para que De Alfonso revele toda la información sensible de la que disponga, y le ha amenazado con llevar ante la justicia sus insinuaciones sobre la presunta responsabilidad del PSC sobre la filtración: "Nuestras respuestas a sus acusaciones en forma de infamia y calumnia las tendrá en forma de querella".

Pedret le ha criticado que no dimita y ha asegurado que la intención de De Alfonso parece "incluso peor que lo que el ministro pretendía hacer", según las grabaciones.

El líder de SíQueEsPot, Lluís Rabell, cree que es uno de los episodios más sórdidos de la política de los últimos años y les ha reprochado hacer reuniones "para destruir a adversarios políticos", lo que considera negligente y que también podría ser delictivo.

Considera extremadamente grave que se hagan "investigaciones a medida en función de conveniencias políticas" y ha hecho hincapié en que estas conversaciones contradicen las buenas intenciones sobre neutralidad e independencia que prometió De Alfonso al asumir el cargo.

Desde el PP, Santi Rodríguez ha recordado que la comisión del Parlament no es un procedimiento judicial pese a que el resto de grupos ya tienen su sentencia clara, ha dicho, y ha criticado que se ataque a De Alfonso por no tener las mismas afinidades políticas que el resto: "Algunos partidos han suspendido sus actos de campaña electoral porque la han trasladado al Parlament" este miércoles.

El popular ha preguntado si se han fabricado pruebas para perjudicar a alguien, y ha pedido a De Alfonso si ha mantenido reuniones habituales con altos cargos públicos, también de la Generalitat, y si lo ha hecho para tratar asuntos relacionados con la corrupción: "¿Son estas las competencias que tiene el director de la Oac? ¿El fraude y la corrupción?"

La portavoz de la CUP, Anna Gabriel, ha expuesto que el objetivo de la investigación acerca de las grabaciones filtradas es "que dimitan unas personas concretas y no la lucha contra el fraude" y le ha reprochado que rindiera cuentas ante el ministro y no en el Parlament.

Le ha preguntado si ha suscrito un contrato de confidencialidad como máximo responsable de la Oac, porque entonces ese documento debería contemplar compensaciones y consecuencias penales: "Si la respuesta es 'no', ¿como es que usted no lo ha firmado?"

El diputado de JxSí David Bonvehí ha dicho que el artículo 8.3 de la Ley de la OAC --según el cual el director de la Oac no recibe instrucciones de ninguna autoridad-- ya justifica iniciar el proceso de revocación, y ha interrogado a De Alfonso sobre su presunta colaboración con el Ministerio: "¿Por qué lo hicieron? ¿Le presionó el ministro? ¿Le obligaron de alguna forma?"

Bonvehí ha centrado su intervención a criticar a Fernández Díaz, reprochándole que "en un país de cultura democrática, esto provocaría la dimisión del ministro", y ha citado el impacto del caso en varios periódicos internacionales.