Parlamento vasco encarga un informe jurídico sobre la legalidad de pagar la defensa de Atutxa

PP recuerda que por un caso similar siete concejales de Santiago fueron condenados por prevaricación

VITORIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento vasco ha encargado un informe jurídico que analice la legalidad de su decisión de pagar la defensa a Juan Mari Atutxa y a otros dos exmiembros de la Mesa de la Cámara que fueron condenados por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

La Cámara vasca, con los votos de PNV y EH Bildu, decidió el pasado abril destinar 18.000 euros a sufragar la defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, los antiguos miembros de la Mesa del Parlamento que fueron condenados por no disolver el grupo de SA.

La decisión de solicitar este estudio a los servicios jurídicos del Parlamento ha sido adoptada este jueves por la Mesa con el apoyo del PNV y EH Bildu, mientras que el PSE-EE y el PP han reclamado que se deje de financiar los recursos ante la Justicia de los antiguos miembros del órgano de gobierno del Legislativo, según ha informado a Europa Press el parlamentario del PP Antón Damborenea.

"ILEGAL"

La medida se ha tomado a raíz de una petición registrada por el PP, que cree que financiar desde el Parlamento la defensa de estas personas podría ser "ilegal". Los 'populares' basan esta opinión en una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela. En dicho fallo se ha condenado por prevaricación a siete concejales que, con informe favorable del secretario, acordaron pagar con cargo al Ayuntamiento la defensa jurídica de otro edil, siempre y cuando ganara el juicio.

Damborenea ha considerado que un informe jurídico del Parlamento lo tiene "complicado" frente a una sentencia judicial. Además, ha explicado que el PP ha pedido que el Parlamento informe de "todos los gastos" que le ha ocasionado sufragar la defensa de los exmiembros de la Mesa ante las diferentes instancias judiciales en las que han planteado sus recursos frente a su condena inicial.