MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Gürtel', ha reclamado al Juzgado Central de Instrucción número 6, en el que se investiga la operación 'parapolicial' Kitchen, aquellos documentos que haya obtenido y que estén relacionados con la sustracción de material documental al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.
Este auto de Pedraz, al que ha tenido acceso Europa Press, llega después de que en noviembre de 2020 la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción lo solicitara que pidiera al juez del 6, Manuel García-Castellón, que remitiera testimonio de las distintas diligencias de investigación relacionadas con la instrucción que se sigue en el número 5 referentes a Bárcenas.
En concreto, Pedraz, en la parte dispositiva del auto, requiere los fragmentos de las declaraciones en sede judicial (voz y transcripción) del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño (al menos de tres de 2019), las declaraciones del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, y las comparecencias del que fuera chófer de los Bárcenas y confidente del operativo Sergio Ríos Esgueva.
Pero acota la solicitud a aquellas declaraciones en las que refieran "la existencia de documentos que guardaba o tuviera a su disposición Luis Bárcenas directamente o a través de terceros. Al hilo, el magistrado también quiere el contenido del volcado de los dos teléfonos iphone y del ipad de los que era usuario el extesorero 'popular', y que el chófer entregó a García Castaño.
Recuerda que ese volcado se produjo en presencia del ex jefe de la UCAO y que todo fue copiado en una memoria externa que se entregó al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, hoy también imputado en la pieza 7 de Tándem. Esa copia también fue entergada en sede judicial por garcía Castaño.
Pedraz también quiere tener las dos actas notariales que Martínez levantó y que contenían los mensajes relativos a la Kitchen que se envió con el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. En uno de esos mensajes protocolizados se hacía mención a esos móviles y a la tablet sustraída a Bárcenas.
Por otro lado, reclama también de los documentos intervenidos en el registro efectuado en el domicilio de Villarejo, los fragmentos de las grabaciones entre el comisario y el empresario Adrián de la Joya, y entre Villarejo y García Castaño, en los que se revele la existencia de los documentos que guardaba o que tenía a su disposición el extesorero.
EL REGISTRO DE FRANCISCO MARTÍNEZ
También demanda el magistrado poder disponer para su investigación los informes o expedientes que tuviera Villarejo de las empresas Constructora Hispánica S.A. y Licuas S.A., con información mercantil y de vinculaciones, cuyos presidentes eran Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres. Y pide además las notas informativas elaboradas por el comisario que pudieran revelar la existencia de documentos que guardaba, o tenía a su disposición Luis Bárcenas.
Entre la batería de documentos, también está lo intervenido en el domicilio de Martínez y que haga referencia al extesorero del PP o que contengan información que "ayude a su localización". Y acota que no quiere los que se refieran a la operación Kitchen.
También solicita lo requisado en el domicilio de Ríos Esgueva y que sea perteneciente a Bárcenas (o lleve a localizar esos documentos) y toda aquella documentación que resultara de la ejecución del operativo por cualquiera de sus actores, como agendas o documentos tanto en papel como digitales, que sean de Luis Bárcenas, aunque estén en forma de copia y no original.
'DONACIONES' A CAMBIO DE FACILITAR CONTRATOS PÚBLICOS
Para justificar toda esta batería de peticiones, Pedraz recuerda que en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se indaga sobre si Bárcenas y el anterior tesorero del PP Álvaro Lapuerta junto al líder de la trama Gürtel Francisco Correa "definieron e implementaron un sistema para obtener fondos
ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos".
Pedraz resume que estos se ponían de acuerdo con empresarios para que realizaran estas entregas de fondos en efectivo "en la sede del PP, en calidad de aparentes donaciones". Y esos fondos se entregaban, dice el juez, a cambio de la facilitación por parte de De Lapuerta y Bárcenas de contactos directos con el responsable político que tuviera mano en la adjudicación de contratos públicos que en cada caso interesara.
Así, los empresarios conseguían en ocasiones direccionar la
adjudicación de los contratos, revistiendo el proceso de apariencia de legalidad, "pero vulnerando los principios generales de la contratación de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".
Pedraz recuerda que indiciariamente hay una relación de causalidad entre las donaciones al PP y las subsiguientes actuaciones desplegadas para entablar contactos entre políticos y empresas. "En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación", recuerda.
Y concluye explicando que Correa, Bárcenas y otros actuaban mediante acuerdo de colaboración. Correa "actuaba como intermediario entre grandes empresas y la Administración para lograr un trato de favor hacia las mismas obteniendo a cambio una comisión que repartió entre los partícipes y la propia formación política".