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Juan Carlos Campo toma posesión de su cargo como ministro de Justicia, para el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en la XIV Legislatura, en presencia de su predecesora, Dolores Delgado. - Ricardo Rubio - Europa Press
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado durante su intervención en el acto de entrega en la VII Edición de los premios Excelencia y Calidad en la Justicia. - Ricardo Rubio - Europa Press
Deberá ser nombrada por el Rey tras oír al CGPJ y obtener valoración de idoneidad del Congreso
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá el nombramiento de la hasta hoy ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado.
Ello supone una decisión sin precedentes que permitirá a esta última saltar directamente del Ejecutivo a la cúpula del Ministerio Público, donde podrá controlar, entre otros asuntos, la fase de ejecución de la sentencia del 'procés' independentista en Cataluña al dirigir la labor de los fiscales del caso, en fase de ejecución tras dictarse la sentencia por sedición.
Delgado sustituirá en el cargo a María José Segarra, si bien su llegada a la Fiscalía General no es automática y deberá ser precedida de ciertos trámites que detalla tanto la Constitución como el Estatuto del Ministerio Fiscal.
Según ambas normas, Delgado deberá ser nombrada por el Rey una vez oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Ambos trámites se dirigen a chequear si el candidato cumple con determinados trámites formales, como ser jurista de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y no tienen capacidad real de vetar la decisión del Gobierno.
Una vez éstos pasos se cumplimenten, Delgado pasará directamente a dirigir el Ministerio Público, donde prima el principio de jerarquía. Y lo hace tras ocupar un puesto en el Gobierno desde el que dirigió la acción de la Abogacía del Estado, que en la causa del 'procés' se ha venido posicionando de forma discrepante a los criterios de los cuatro fiscales del caso: cambiando la petición de condena de rebelión por la de sedición -que fue la que obtuvo el aval del tribunal-, e informando después a favor de que el ex líder de ERC, Oriol Junqueras pudiera cumplimentar los trámites para ejercer de europarlamentario.
UNA FISCAL PARA "DESJUDICIALIZAR"
La posición de la Fiscalía en este asunto podría cambiar, ya que la elección de Delgado por Sánchez parece obedecer al objetivo de superación de la "deriva judicial" del conflicto independentista en Cataluña al que se comprometió presidente del Gobierno en el debate de investidura.
De hecho, el acuerdo pactado etre el PSOE y ERC subraya expresamente el "reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo". "Solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo", dice este documento.
Tocada por el 'caso Villarejo', Delgado se definió en su toma de posesión como ministra en julio de 2018 como una "fiscal de trinchera" y prometió ser una "ministra de trinchera", si bien su paso por el Ministerio no ha logrado el apoyo mayoritario de los miembros de la carrera judicial y fiscal.
Las asociaciones judiciales, incluso la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que la aún hoy ministra formó parte, han participado en movilizaciones contrarias a algunas de sus decisiones y en varias ocasiones han criticado duramente su gestión.
Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Sánchez ha prometido revertir esta situación.
Durante los últimos meses, el Ministerio que ha dirigido ha realizado numerosos actos para "sacar de la fosa de la desmemoria", como la propia Delgado explicó, al exilio republicano, con motivo de su 80 aniversario. También se ha centrado en la recuperación y reparación de la dignidad de las víctimas del franquismo.
Todo ello en el marco de la Dirección General de la Memoria Histórica, que ha dependido de su departamento y que ahora pasa a estar en manos de la Vicepresidencia de Carmen Calvo bajo el nombre de Memoria Democrática. Con su creación se ha dado impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que marcaba como principal reto exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos que concluyó el pasado 24 de octubre.
LA SOMBRA DE VILLAREJO
Sus inicios en el Ministerio de Justicia se vieron perjudicados tras la difusión --dos meses después de tomar posesión-- de unas grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo (en prisión provisional desde hace dos años) y Delgado, que acudió al encuentro acompañando al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para celebrar la medalla al mérito que habían concedido al expolicía.
Delgado aseguró que los audios publicados estaban manipulados, pues eran "trocitos solapados, puestos y pegados" y negó haber mantenido alguna "cita en ningún aspecto profesional" con el excomisario. Desde su actual posición deberá dirigir la acción de la Fiscalía Anticorrupción en este asunto, una causa compleja con una veintena de piezas separadas y especialmente delicada por su incidencia en sectores del mundo policial, mediático y empresarial españoles.
Otra de sus decisiones en Justicia más criticadas fue la tardanza de la hasta ahora responsable de Justicia en amparar al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés' en la demanda civil que presentó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra él ante la justicia belga para que el Congreso y el Senado la reprobaran.
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