Peritos cuestionan de nuevo en el TS el sistema de dotación de los ERE

Afirman que el "principal efecto" del sistema elegido fue "hurtar" al interventor la posibilidad de fiscalizar las ayudas

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) han presentado un nuevo informe ante el instructor del caso de los ERE en el Supremo en el que mantienen "sin cambio alguno" las conclusiones de su informe inicial sobre este asunto, en el que cuestionaban de forma demoledora el uso del instrumento presupuestario denominado "transferencias de financiación" para dotar las ayudas socio-económicas presuntamente irregulares en Andalucía entre 2000 y 2010.

Los cuatro peritos firmantes del informe, que tiene fecha del pasado 19 de mayo señalan, en relación con dicha figura de financiación, que su "primer y principal efecto fue hurtar su fiscalización a la Intervención Delegada en la Consejería de Empleo, posibilitando así el otorgamiento de subvenciones al margen del procedimiento legal establecido".

En esta ampliación del informe inicial que elaboraron a requerimiento de la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos del IGAE señalan que sus conclusiones "en la práctica totalidad de los temas tratados", son "radicalmente contrarias" a las obtenidas por los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Lago, autores del informe pericial de parte presentado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán.

IGAE destaca que los peritos de parte consideran "sesgadas" las conclusiones del informe inicial de este órgano en al menos 11 ocasiones "quizá en un vano intento de menoscabar su grado de independencia, y frente a ello insisten en que el dictamen de los peritos de Griñán -que avala el uso de las denominadas transferencias de financiación para dotar a las ayudas sociales cuestionadas- "carecen de fundamento jurídico y técnico y solo realizan interpretaciones propias de un informe de parte".

"En contra de lo indebidamente afirmado" por el informe de los catedráticos de la Universidad Carlos III, según la IGAE, "la naturaleza, el destino, la clasificación presupuestaria" y otros extremos de las transferencias de financiación han venido siendo regulados durante los últimos años por un total de 45 normas que avalarían su tesis de que no conforman un instrumento adecuado para arbitrar ayudas como las cuestionadas en este procedimiento penal.

ORIGEN DE LAS IRREGULARIDADES

Además, los peritos insisten en que la concesión de las ayudas tuvo su origen en la "fraudulenta elaboración por el Ejecutivo andaluz del anteproyecto y proyecto de presupuesto del organismo público denominado IFA (luego IDEA) y del de la Consejería de Empleo.

Con explicaciones de carácter muy técnico, los expertos designados por el juzgado inciden en que el concepto de 'transferencia de financiación', dada su naturaleza compensatoria de las pérdidas de una entidad empresarial pública, requiere que las pérdidas existan.

De este modo, y dado que las subvenciones otorgadas no originaban gasto, "era aritméticamente necesario" hacer figurar en IFA-IDEA gastos ficticios, que según estos expertos se introdujeron fraudulentamente con el fin de ser cubiertos por las transferencias de financiación.

De otro modo, sostienen, la entidad pública no habría podido pagar las subvenciones, que habrían eludido su fiscalización previa por el interventor de la Consejería "y habrían prescindido absolutamente del procedimiento para su subvención".

Así, a lo largo de su nuevo informes de 158 páginas, los peritos vuelven a afirmar que las transferencias de financiación deben ser exclusivamente aplicadas a la cobertura de pérdidas de una entidad pública y no para el pago de subvenciones sociolaborales ni de ninguna otra naturaleza.

EL PARLAMENTO FUE INDUCIDO A ERROR

Igualmente reiteran los peritos judiciales que el Parlamento de Andalucía fue inducido a error a la hora de elaborar las leyes de presupuestos.

En este punto argumentan que el presupuesto del IFA-IDEA le llegó al Parlamento "fraudulentamente formulado, al contener gastos ficticios que permitían justificar la inclusión en la Consejería de Empleo de la transferencia de financiación indebidamente presupuestada con la que cubrirlos".

Añaden que la documentación anexa al presupuesto "no permitía detectar con claridad cuál era el órgano concedente de las subvenciones y, en consecuencia, cuál era la partida presupuestaria adecuada a utilizar".

AVISOS DEL INTERVENTOR

El informe también defiende la propia Intervención General de la Junta de Andalucía concluyó que la Consejería había "tramitado las subvenciones prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido" así como en tres ocasiones -años 2005, 2006 y 2007- de las irregularidades cometidas en diversas empresas públicas mediante la utilización de las transferencias de financiación. También hubo advertencias por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Puntualizan que lo hizo en las memorias que acompañaban al proyecto de acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero. Citan además como empresas afectadas por dichas irregularidades IFA-IDEA, Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa.

Estas conclusiones son radicalmente opuestas a las defendidas el pasado 7 de mayo ante el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, por los peritos de parte, quienes defendieron el uso de las transferencias de financiación para dotar estas ayudas si bien admitieron que este instrumento no admite controles precisos y que los errores se corrigen "a posteriori".