Describen un "modus operandi" para "diluir" los trabajos del comisario en 'Iron' y 'Land'
MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
Los peritos de Hacienda que elaboraron los informes sobre la estructura empresarial del comisario José Manuel Villarejo y analizaron las cuentas de dos empresas que le contrataron han indicado este martes, en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, que tanto la forma de facturar --por parte de uno-- como los apuntes contables --por parte de las otras-- era algo fuera de lo común debido al fraccionamiento, apreciando en ello una voluntad de ocultación de los servicios.
Se trata de los peritos que se ocuparon de hacer "una radiografía" del grupo empresarial de Villarejo, CENYT, buscando en bases de datos de la Agencia Tributaria la información existente sobre las sociedades que lo conformaban, sus titulares, sus movimientos y su relaciones de clientes y proveedores, por encargo de la Fiscalía Anticorrupción en la fase inicial del caso 'Tándem', según han explicado.
Se encontraron, han relatado, con "un entramado societario muy grande, con movimientos de capitales en el exterior considerables y una pléyade de servicios que se habían prestado por esas empresas, teniendo en cuenta que no aparecían empresas con unos medios materiales significativos para el tipo de operaciones que estaban desarrollando".
Además, uno de los peritos ha llamado la atención sobre el hecho de que algunas de las sociedades de CENYT cambiaran de denominación social varias veces. "En el mundo mercantil no es normal porque las sociedades quieren permanecer en el tiempo y ser siempre las mismas, perfectamente identificables por proveedores y clientes", ha apuntado, para añadir que, en base a su experiencia profesional, "eso se hace con la única finalidad de que no te echen la vista encima".
Los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas han puesto el foco en cómo facturó CENYT los presuntos trabajos de espionaje que hizo para el bufete Herrero&Asociados y la inmobiliaria PROCISA, y que dieron lugar a la formación de las piezas separadas 'Iron' y 'Land' de 'Tándem', dos de las tres que se ventilan en este juicio.
Así, el fiscal Serrano ha querido saber si es habitual en el tráfico mercantil que las facturas por un mismo trabajo se cobren en varias cuentas bancarias. "En principio no", ha contestado uno de ellos, apostillando que, aunque puede ser que lo haya solicitado el propio cliente, puede hacerse también "con la finalidad de hacer mas difícil el seguimiento de esa operación" por parte de las autoridades.
"TOTALMENTE ANORMAL"
Han descrito también cómo se registraron las facturas emitidas por CENYT en la contabilidad de Herrero&Asociados y en la de PROCISA, especificando que, aún tratándose de un proveedor importante, por el monto facturado, se anotaron en distintas cuentas de gasto.
"Creo recordar que lo que había era como una especie de proveedor genérico, luego esto se desglosaba en varias cuentas (...) Entiendo que se hace con la finalidad de enmascarar un poco la operación", ha comentado uno, en alusión a la contabilidad de Procisa en relación con CENYT.
Su compañero ha puesto como ejemplo un gasto de CENYT que Herrero&Asociados llevó a una cuenta de 'promociones', manifestando que de esa forma se hace difícil saber "cuál es el servicio" que se ha prestado.
En general, ambos han observado un "'modus operandi' de fraccionamiento de la operativa", ya que se habrían emitido varias facturas durante distintos años por parte del grupo empresarial de Villarejo, y se habrían contabilizado en los libros de sus clientes de forma dispersa para "diluir" el gasto total, habiéndose cobrado con la misma dispersión en diferentes cuentas. "No es nada ortodoxo", han resumido.
Asimismo, han resaltado el hecho de que, en el caso del bufete, se les dijera durante el registro efectuado en su sede que no existía contrato físico porque se había contratado a CENYT de forma verbal. "Eso es totalmente anormal", ha ilustrado uno.
EL TRABAJO DE DESENCRIPTADO
Por otro lado, este martes ha comparecido un policía que ha ratificado los informes donde reflejó que usuarios pertenecientes a la Comisaría General de Información hicieron consultas en bases policiales sobre el informático de Herrero&Asociados, una de las personas que habría sido víctima de las pesquisas de Villarejo en 'Iron'.
También ha sido el turno de peritos del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), adscrito al CNI, los cuales han confirmado que desde la Audiencia Nacional se les encargó conseguir 91 contraseñas para poder acceder al material incautado durante los primeros registros de 'Tándem' en las casas y oficinas de Villarejo y su socio, Rafael Redondo.
Según han contado, solo lograron 24, pero en ningún caso pudieron ver los archivos a los que daban acceso esas claves porque no les facilitaron los dispositivos que los contenían, solo las "cabeceras".
Ha comparecido además un responsable del Instituto Nacional de Ciberseguridad --no dependiente del CNI--, el cual ha declarado que la AN también les encargó "en paralelo" conseguir esas claves, sin poder ver tampoco el contenido material que abrían, pero que obtuvieron menos que el CCN-CERT.
La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, ha cerrado la sesión aceptando la petición formulada por la defensa de Villarejo para interrogar como testigos a un capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Gaurdia Civil y a un inspector del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para terminar de esclarecer las circunstancias que desembocaron en la denuncia anónima de la que partió 'Tándem'.