Podemos acepta limitar la reforma constitucional a la discapacidad, aunque le gustarían más cambios

Bolaños ve opciones de sacar adelante por unanimidad esta reforma puntual de la Carta Magna que lleva años pendiente

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha trasladado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que su formación está dispuesta a aceptar que la reforma del artículo 49 de la Constitución, planteada para quitar el término "disminuido" y blindar las políticas de discapacidad, se limite sólo a ese punto y no incluya cambios en otros títulos de la Carta Magna, que era la condición impuesta por el PP para sacar adelante la reforma.

Echenique, acompañado por el portavoz de Unidas Podemos en la Comisión Constitucional, Roberto Uriarte, se ha reunido este jueves en el Congreso con el ministro Bolaños y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, para hablar de esta reforma constitucional que lleva más de un año congelada en el Congreso.

Bolaños se reunió el pasado 25 enero con la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, y los dos grupos mayoritarios acordaron dar una oportunidad a la reforma, pero "ceñida" al artículo de la discapacidad. El PP ya venía avisando de que, si se 'abre el melón' de la Carta Magna, no daría sus votos, que son imprescindibles dado que modificar la Constitución exige mayoría reforzada en las Cortes.

SE NECESITA UNA REFORMA INTEGRAL, PERO BUENO

Ese acuerdo se ha trasladado este jueves a Unidas Podemos y, en aras del consenso y por respeto a los colectivos de la discapacidad que impulsaron la iniciativa, ha aceptado limitar la reforma al articulo 49, según aseguran fuentes del grupo confederal.

Unidas Podemos ha aceptado esa condición pese a que sigue pensando que la Constitución de 1978 necesita "una reforma integral" para "cambiar muchas cosas", e incluso veía "con buenos ojos" alguna de las enmiendas registradas, como la planteada por Compromís para la restauración del derecho civil valenciano.

La enmienda de Compromís no es el único asunto ajeno a la discapacidad que han planteado los grupos minoritarios en esta reforma. Asi, el PNV aboga por reconocer la plurinacional del Estado y la autodeterminación y por limitar la inviolabilidad del Rey; Ciudadanos propone una reforma electoral para implantar la circunscripción única al Congreso; y Junts quiere mutilar las competencias del Tribunal de Cuentas y facilitar la amnistía de todos los procesados por el proceso independentista, entre otras reclamaciones plasmadas en las enmiendas

También Vox, por boca de su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha garantizado que no se opondrán a esta reforma puntual del articulo 49, siempre que no se toquen más artículos de la Carta Magna, la misma condición que puso el PP.

¿FORZARÁN UN REFERÉNDUM?

Otro escollo de esta negociación es si algún grupo aprovechará la reforma constitucional para forzar la celebración de un referéndum, una consulta para que se precisa sumar la firma de 35 diputados, que son los que dispone precisamente Unidas Podemos.

Cuando PSOE y PP reformaron el artículo 135 para imponer la estabilidad presupuestaria en la Constitución, el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció que la siguiente modificación que se produjera, por pequeña que fuera, conllevaría consultar a los ciudadanos.

Pero en este caso del artículo 49, teniendo en cuenta que es una modificación puntual avalada por amplio consenso, la dirección de Unidas Podemos no ve necesario forzar la celebración de un referéndum.

A la salida de la reunión, Bolaños se ha mostrado optimista para sacar adelante esta reforma puntual por amplia mayoría: "Ya hemos conseguido que haya un amplísimo consenso parlamentario y yo creo que vamos a poder modificar el artículo 49 y que va a ser una votación que yo espero que concite los 350 diputados de la Cámara para avanzar en los derechos --ha afirmado a los periodistas--. Seguimos trabajando, con discreción, y esperamos que lo podamos conseguir".

Aunque la Cámara tiene un proyecto de ley de reforma constitucional impulsado por la que fuera vicepresidenta Carmen Calvo, el Gobierno y el PP acordaron en enero pactar una nueva redacción teniendo en cuenta las recomendaciones que hizo el Consejo de Estado y sumando el visto bueno del sector de la discapacidad.