SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado este martes una proposición de Ley que tiene como objetivo modificar la legislación vigente de manera que el Gobierno no asuma las costas de la defensa de imputados por casos de corrupción, una iniciativa que tiene su origen en situaciones como la vivida en el caso de los EREs de Andalucía, según ha explicado la diputada sevillana Auxiliadora Honorato.
En una nota de prensa, Honorato ha recordado que en el caso de los expedientes de regulación de empleo, "la Junta de Andalucía asumió el pago de las defensas de numerosos altos cargos a los que se imputa delitos de corrupción".
Así, ha explicado que la iniciativa de Unidos Podemos persigue modificar un único artículo de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en vigor desde 1997, "para excluir la posibilidad de prestar esa asistencia en el caso de que los funcionarios o empleados del Estado a los que ampara la norma se vean inmersos en causas relacionadas con la corrupción".
Honorato, que ha presentado la proposición de ley junto al secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, y el diputado Juan Pedro Yllanes, ha especificado además que este cambio normativo no se aplicará con efectos retroactivos, por lo que no afectará a procedimientos judiciales en curso.
La diputada por Sevilla ha calificado de "contradictorio" que se sufraguen esos gastos con dinero público y "luego se deje en una altísima indefensión a los funcionarios que denuncian casos de corrupción", a la par que se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que la reforma planteada se pueda aplicar también en las comunidades autónomas, aludiendo al caso de los ERE, "principal inspirador de esta ley, donde la Junta se hizo cargo con dinero público de la defensa de los implicados".
"Este tipo de situaciones sangrantes no pueden volver a darse, porque es como si pagáramos la defensa al ladrón que nos desvalija la casa", ha aseverado Honorato, que finalmente ha instado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a "tomar nota" y "poner voluntad política y leyes rigurosas para acabar con la corrupción política en Andalucía".