Podemos constata el uso "partidista" de la Policía con Fernández Díaz y pide remitir sus conclusiones a la Fiscalía

Reclama abrir diligencias por "falso testimonio" contra algunos comparecientes que han desfilado por la comisión del Congreso

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unidos Podemos considera acreditado el uso "partidista" de la Policía bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz y pide remitir sus conclusiones sobre la comisión del Congreso que ha investigado esos hechos a la Fiscalía por si los máximos responsables de Interior y de la Policía hubieran podido incurrir en delitos como malversación de fondos públicos, falsedad documental o revelación de secretos.

Asimismo, el grupo confederal quiere que el Congreso solicite la apertura de diligencias por "falso testimonio" contra algunos de los comparecientes que han desfilado por la comisión de investigación. Desde su arranque, por el citado órgano han pasado el exministro, el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, el ex director de la Policía Ignacio Cosidó, el ex director del DAO Eugenio Pino y el que fuera su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago.

Así lo reclaman en su propuesta de conclusiones a la citada comisión, que recoge Europa Press, y que serán debatidas el próximo jueves junto a las del resto de grupos parlamentarios, que comenzarán a redactar el correspondiente dictamen antes de elevarlo al Pleno del Congreso, que previsiblemente lo votará a la vuelta del verano.

35 PÁGINAS DE CONCLUSIONES

En su informe, de 35 páginas, los de Pablo Iglesias denuncian que en el ministerio, bajo el paraguas de Fernández Díaz, se hizo un uso "político" de la Policía, se crearon unidades fuera de su estructura orgánica y se emplearon "sin control" recursos públicos para hacer indagaciones "extrajudiciales" con el fin de "influir" en las negociaciones políticas o procesos electorales.

Unidos Podemos defiende que esta comisión debería permanecer abierta y por la misma deberían pasar otros comparecientes como los comisarios José Manuel Villarejo, José Luis Olivera o Marcelino Martín Blas, y lamenta que el PP, el PSOE y Ciudadanos se hayan opuesto a esta solicitud. Además de la "escasez" de testimonios, la formación morada también critica las "trabas" en el acceso a la información que han encontrado.

En todo caso, considera que no se puede "menospreciar" el trabajo hecho por la comisión en estos meses puesto que, a su juicio, ha desvelado algunos indicios "cruciales" que Unidos Podemos quiere que se remitan a la Fiscalía por las sospechas que existen de prevaricación, falso testimonio y fraude procesal, pero también de malversación de fondos públicos, falsedad documental, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y abuso de la autoridad.

EL INFORME PISA

Aunque recalca que no es a la comisión a quien le toca calificar penalmente los hechos investigados en el Congreso, el grupo que capitanea Pablo Iglesias cree que es "obligatorio" poner en conocimiento de la Justicia los presuntos delitos que conozca. "Y que esto lo hagan los diputados es una garantía para los denunciantes de corrupción de que la política española quiere depurar responsabilidades y regenerarse", enfatiza.

Podemos y sus confluencias se centran en analizar los casos concretos de la grabación al exministro Fernández Díaz en su despacho junto con Daniel de Alfonso, la preparación de investigaciones "falsas" contra dirigentes catalanes antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014, y la elaboración y divulgación de dos "montajes" policiales contra Pablo Iglesias y Unidos Podemos como son el dossier PISA y el "falso" pago en el Euro Pacific Bank.

En su informe de conclusiones los de Pablo Iglesias apuntan que si bien la grabación de las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso son una "amenaza" contra la seguridad del Estado que se debe investigar con "rigor", debe hacerse lo propio con el uso, por parte de los responsables del ministerio, de una brigada "política" que "vulnera los derechos de los ciudadanos y actúa extrajudicialmente".

Y añade que las responsabilidades finales de quienes se hayan visto involucrados en la confección y financiación del informe PISA y el documento "falso" de pago del Euro Pacific Bank a Pablo Iglesias deben ser, asimismo, objeto de investigación y, por tanto, de remisión junto a estas conclusiones a la Fiscalía.