Podemos pide asistencia jurídica y psicológica para los denunciantes de casos de corrupción

Presenta enmiendas a la ley anticorrupción de Cs para endurecer incompatibilidades y exigir más transparencia a la Casa del Rey

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unidos Podemos ha presentado 137 enmiendas a la Ley Integral Anticorrupción que tramita el Congreso a instancias de Ciudadanos para, entre otras cosas, ampliar la protección a los denunciantes de corrupción garantizándoles su derecho a contar con asistencia jurídica, técnica, letrada y psicológica, y equiparar España a los estándares europeos en materia de transparencia.

"Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de defender y apoyar a los valientes que se juegan su puesto de trabajo por denunciar la corrupción", ha asegurado el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión Constitucional, Íñigo Errejón, ponente de la ley junto Juan Pedro Yllanes.

Además, Unidos Podemos aprovecha sus enmiendas para plantear medidas contra las 'puertas giratorias' entre política y entidades privadas, aumentando a 10 años la incompatibilidad de los altos cargos a la hora de prestar servicios a entidades privadas que hayan sido objeto de sus decisiones durante el ejercicio de su cargo.

Asimismo, se recoge una ampliación de las exigencias de transparencia para la Casa Real, equiparándola con el resto de instituciones del Estado.

MÁS DUROS CON LOS LOBBIES

Entre sus propuestas también incluyen la reforma de la legislación sobre 'lobbies', endureciéndola, para igualarla a los países europeos más avanzados en esta materia y la creación de una nueva autoridad independiente anticorrupción, obligada a rendir cuentas periódicamente, como la creada en la Comunitat Valenciana.

"Esto es una apuesta que está en el ADN de Podemos: luchar contra la corrupción. En los lugares en los que ejercemos tarea de gobierno la corrupción ha disminuido hasta prácticamente su desaparición", afirma Yllanes.

Para la presentación de estas propuestas, según destaca Unidos Podemos, ha sido imprescindible la colaboración de diferentes entidades sociales especializadas en libertades públicas, transparencia y lucha anticorrupción, además de las recomendaciones del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales.