Podemos pide a Juncker que examine si el Gobierno de España ha violado el Estado de Derecho en el 1-O

MADRID/BRUSELAS, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cinco eurodiputados de Podemos en el Parlamento Europeo han remitido una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con la que piden que estudie la posibilidad de poner en marcha el artículo 7 de la Unión Europea, para examinar si el Gobierno español ha cometido una "violación grave" del Estado de Derecho en su actuación para frenar el referéndum independentista de la Generalitat.

Según los parlamentarios del partido morado, el Gobierno ha socavado "los valores esenciales de la Unión Europea establecidos en el artículo 2 del Tratado de la UE (TUE)" y, por ello, procede estudiar la puesta en marcha del artículo 7, que consta de dos fases, y que puede llevar a suspender determinados derechos del Estado miembro, incluido su derecho a voto en la UE. Este último paso requiere, eso sí, el visto bueno de una mayoría cualificada de los 28.

"Las imágenes de la Policía reprimiendo violentamente a los ciudadanos que buscan expresar su opinión sobre la independencia de Cataluña se están viendo en todo el mundo y están causando una condena generalizada", critican los eurodiputados en la misiva, en la que añaden que "la gestión del conflicto catalán por parte del Gobierno de España es inapropiada para un Estado miembro de la Unión Europea".

PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 7

El artículo 7 de la Unión Europea, que nunca se ha aplicado, establece un proceso en dos etapas para actuar ante las violaciones de las libertades fundamentales en un Estado miembro.

El Consejo, a instancias de la Comisión, del Parlamento Europeo o de un tercio de los propios países de la UE, puede iniciar la primera fase para examinar si existe un "riesgo claro de violación grave" del Estado de derecho, para lo que sería necesario el visto bueno de cuatro quintas partes de los 28.

El siguiente paso, que ya exigiría la unanimidad del Consejo, supondría constatar que existe una "violación grave y persistente" en el país investigado. A partir de esa señal, los Veintiocho podrían, por mayoría cualificada, suspender determinados derechos del Estado miembro, incluido su derecho a voto en la UE.