Podemos propone "un desplazamiento progresivo" de la OTAN a la UE, recuperar la justicia universal y una AOD del 0,5%

Se compromete a rechazar los acuerdos comerciales de nueva generación y a establecer relaciones diplomáticas con el Sáhara Occidental

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este es el programa electoral de Podemos para el 28A

El programa electoral de Podemos propone, en el ámbito de la política exterior, un "desplazamiento progresivo" de la cooperación defensiva europea desde la OTAN hacia la UE, la recuperación de la jurisdicción universal y un aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta el 0,5 por ciento del PIB al final de esta legislatura y el 0,27 por ciento al final de la siguiente.

También se compromete a rechazar los acuerdos comerciales de nueva generación y a establecer relaciones diplomáticas con la autoproclamada República Árabe Saharui Democrática (RASD).

Podemos propugna un "compromiso activo con la paz" y, para ello, se compromete a apoyar la abolición de las armas nucleares y de los sistemas de armamento letal autónomo, "carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso".

La firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares fue uno de los compromisos que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, logró de Pedro Sánchez a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2019, pero no se ha materializado.

Además, se compromete a impulsar "una educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental". En materia de Defensa, quiere fortalecer "la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD)", evitando duplicidades y mejorando la eficacia.

La propuesta supone una nueva evolución de Podemos sobre la OTAN. En su programa para las europeas de 2014, defendía un referéndum vinculante sobre la salida de España de la Alianza y, dos años después, en las generales de 2016, apostaba por "mayor autonomía de España y Europa en la OTAN".

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EN LA ONU

Ante el 28A, Podemos quiere que España lidere "la apuesta por la democracia internacional", promoviendo la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria, elegida democráticamente, para abordar temas como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones.

A esta asamblea le correspondería impulsará planes de choque para asegurar la paridad en todos los niveles de las organizaciones internacionales, garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global, liderar los trabajos para crear una agencia internacional de lucha contra la desinformación, garantizar la protección de las libertades fundamentales y reforzar la justicia climática global.

Por otro lado, se compromete a recuperar la jurisdicción universal "en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014" para así "situar de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos".

Sobre la ayuda oficial al desarrollo (AOD), el programa habla de el presupuesto hasta el 0,5 por ciento de la renta nacional bruta (RNB)
en 2023, fecha final de la legislatura, y hasta el 0,7 por ciento de la RNB en 2027.

Además, quiere "una cooperación feminista y defensora de los derechos humanos", donde las mujeres sean "motor y foco del desarrollo", con iniciativas concretas en materia de género y programas para defensores de derechos humanos, con especial hincapié en medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, con un foco especial en América Latina.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EL SÁHARA OCCIDENTAL

El programa solo menciona expresamente uno de los conflictos que suelen estar en el foco de la política exterior española, comprometiéndose con "la libre determinación del pueblo saharaui" por la "responsabilidad histórica" de España.

Para ello, se compromete a aplicar las sentencias europeas sobre los recursos naturales del Sáhara y las resoluciones de la ONU que hablan de referéndum, además de aumentar la ayuda humanitaria a los campamentos, aprobar programas de formación y movilidad de la población saharaui y conceder la nacionalidad a los que viven en España.

Además, quiere establecer "relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)" (el Frente Polisario) y promover la ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas (MINURSO) para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la
población saharaui.

En el seno de la UE, exigirá el "fin inmediato de las políticas de austeridad", planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones y reestructuración coordinada de la deuda soberana, además de rechazar "todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables" los sectores productivos y estratégicos y que, afirman, "vacían la capacidad democrática" de los pueblos para decidir sobre sus recursos.

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

En este ámbito, se comprometen también a probar la Ley de Protección de los Derechos Humanos en relación con actividades de las empresas transnacionales, con mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y obligación de incorporar normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones.

La ley incluirá el establecimiento de responsabilidad de grandes empresas y de su personal directivo en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

Por otro lado, se compromete a elaborar una Política Agrícola Común (PAC) más justa y a cambiar la aplicación de la Política Pesquera
Común que la haga realmente transparente y participada por
todos los sectores afectados.

Para los españoles en el exterior, además de comprometerse a acabar con el voto rogado y proponer una circunscripción exterior, se compromete a ampliar los supuestos de reconocimiento de nacionalidad española y a ofrecer la enseñanza de "las lenguas y la pluralidad cultural" española. En los lugares donde existan al menos doce solicitudes, se ofrecerán clases presenciales de un mínimo de tres horas a la semana, y sistemas de educación a distancia donde no haya solicitudes suficientes.

Por último, ante la incertidumbre del Brexit, se compromete a que el Gobierno "no participe en ningún acuerdo" con Reino Unido que menoscabe los derechos los españoles que residen allí, incluidos los derechos sociales.