MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Podemos reclamará al Gobierno la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley Mordaza, que comporte un acuerdo parlamentario para prohibir el uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las 'devoluciones en caliente' de migrantes.
También pauta la reforma del delito de denuncia falsa para luchar contra la práctica del lawfare, recuperar la responsabilidad civil directa contra los jueces que participen en esa práctica y expulsar a cualquier agente que haya participado en las 'cloacas' del Estado, así como crear un delito nuevo para utilización partidista de estructuras del Estado, es decir, para castigar la denominada 'policía patriótica'.
Así figura en el documento de propuestas, al que ha tenido acceso Europa Press, que remitirá la formación al Ejecutivo durante las reuniones con grupos parlamentarios que lideran el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
Los morados vuelven a demandar en ese texto que el PSOE rompa el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reformar la ley de elección de vocales para designar representantes por mayoría absoluta, es decir, sin el PP y con la mayoría de investidura, y una reforma del acceso a la carrera judicial.
AMPLIAR LA DENUNCIA FALSA CONTRA EL LAWFARE
También solicitan recuperar la responsabilidad civil de los jueces, que eliminó el PP, ante casos por "mala praxis", reformar el régimen disciplinario en la carrera judicial y fiscal dado que el actual se ha demostrado ineficaz por "corporativismo".
A su vez, pide reformar el delito de denuncia falsa para penar aquellas que se lancen con "falsedad palmaria" para afectar la reputación pública, con un aumento de penas.
EXPULSAR A CUALQUIER MIEMBRO DE LAS CLOACAS
Uno de los puntos que recogen los morados es instar al Ministerio del Interior a conformar un grupo especial en la lucha contra la corrupción que investigue la "trama de cloacas", como la 'policía patriótica' hasta sus "últimas consecuencias".
Esa investigación debe derivar, "como mínimo", la "expulsión inmediata del servicio público de cualquier agente o funcionario que haya participado —con conocimiento de lo que estaba haciendo— en este caso", además de remitir las conclusiones a los juzgados para perseguir los presuntos delitos que se hayan podido cometer.
Una petición que llega después de que la Audiencia Nacional investigue el presunto espionaje a diputados de la formación morada entre 2015 y 2016, cuando el Ministerio del Interior estaba dirigido por el PP..
Además, pide la creación de un nuevo delito de "utilización de estructuras de seguridad estatales para delinquir" con penas más altas que los delitos de asociación ilícita, al tratarse de la "utilización de lo público para cometer crímenes y, revestir, por lo tanto, mucha mayor gravedad desde el punto de vista democrático".
También pauta crear un régimen sancionador de aplicación automática que pueda conllevar incluso la expulsión del Cuerpo a aquellos agentes que filtren informes secretos a los medios de comunicación sobre personas o entidades de relevancia pública.
En cuanto a la Ley Mordaza, Podemos recalca que la derogación que decayó la pasada legislatura es uno de los "mayores fracasos legislativos de la legislatura pasada", además del incumplimiento de la promesa electora del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
PROHIBIR PELOTAS DE GOMA Y DEVOLUCIONES EN CALIENTE
Por tanto, exige al Ejecutivo conseguir articular una mayoría en torno a su derogación, con la que se prohibirán también "las pelotas de goma y las devoluciones en caliente y se eliminará la sanción arbitraria a las así llamadas 'faltas de respeto a la autoridad'".
Los morados piden también que se prohíba la infiltración de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en movimientos sociales pacíficos, pues atenta contra principios constitucionales con una práctica que estaba pensada para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
También llama a impedir criterios de identificación policial por el origen étnico o el color de piel, la ascendencia, la condición de migrante o refugiado, la nacionalidad o el origen nacional, para las actividades de control.