MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas por su presunta participación en los delitos de contrabando de género prohibido y contrabando de material de doble uso después de haber exportado de manera irregular desde España un sistema antidrón a Libia.
Los arrestados, cuatro en la Comunidad de Madrid y otro en Valencia, han pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, cuya titular ha decretado prisión para dos de ellos. Todos ellos forman parte de una empresa tecnológica dedicada al suministro de material de defensa, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
El sistema antidrón que exportaron de manera irregular viajó con destino al aeropuerto de Trípoli y está valorado en más de dos millones de euros. Este tipo de equipo está prohibido exportarlo a Libia, ya que es un país actualmente en conflicto que está sometido a un estricto embargo internacional.
La investigación comenzó en el año 2020, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia en España de uno de los arrestados, de nacionalidad libia, considerado responsable de una importante organización paramilitar en Libia, denominada RADA-SDF. Los agentes pudieron comprobar su implicación en transacciones de drones con cámaras térmicas, enviados a Libia para el uso de esta organización paramilitar, violando así el embargo internacional.
En una fase posterior de la investigación, se comprobó la participación de otras cuatro personas en la compraventa y posterior exportación ilegal del sistema antidrón valorado en dos millones de euros con destino al aeropuerto de Trípoli, que se encuentra controlado por la milicia RADA-SDF.
Ya en la mañana del pasado jueves, los agentes procedieron al arresto de un individuo en el aeropuerto de Valencia y, simultáneamente, se detuvo en una localidad madrileña a los cuatro directivos de una empresa de abastecimiento de material de
doble uso. Además, se practicó el registro de las oficinas centrales de la empresa en la Comunidad de Madrid y de dos domicilios en Valencia. Fruto de los mismos, los agentes intervinieron numerosa documentación digital y material tecnológico relacionado con la investigación.
La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información y ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Valencia, siendo coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional.