La Policía dice que el análisis sobre los 207 dispositivos incautados en 'Titella' no estará disponible antes de un año

Los investigadores justifican la demora en la "ingente cantidad de información contenida" en las evidencias

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han avisado al juez instructor de 'Titella' de que el análisis pormenorizado de los hasta 207 dispositivos incautados en el procedimiento no estará disponible hasta al menos dentro de un año.

En un oficio de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores dan cuenta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, después de que éste preguntase el 16 de marzo la fecha aproximada en la que podrían tener preparado el informe preceptivo.

Esa demora en el estudio se debe, según apuntan, a "la ingente cantidad de información contenida" en todos los dispositivos. Así, y en base a la experiencia en otras operaciones de similares características, el análisis con los medios de los que disponen ambos cuerpos no esté disponible antes de un año.

Por su parte, la Unidad de Policía Judicial del Instituto Armado se hizo cargo de 110 dispositivos entre los que se cuentan móviles, tablets, ordenadores, pen drives o discos duros. Hasta la fecha, según han informado, se han clonado y volcado parcialmente algunos de los mismos.

CON COLABORACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

La Guardia Civil ha enviado a la Agencia Tributaria una copia de los archivos con carácter financiero del contenido de un ordenador, un disco duro y un DVD. Eso sí, avisan, no se puede determinar el tiempo que tardarán en analizarlos y realizar el informe pertinente.

Y, en lo que respecta a los dispositivos móviles, se han enviado un total de 17 aparatos al Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil para que, con sus medios técnicos, procedan al clonado de los mismos.

Del total, tres ya han sido devueltos para su análisis y de los 14 restantes está previsto que la extracción y el volcado se produzca del 9 al 13 de mayo. Para algunos de ellos, que están protegidos por contraseña, se necesitarán "técnicas avanzadas de desbloqueo que requieren más tiempo del habitual".

Asimismo, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha procedido al volcado de hasta 15 dispositivos móviles y los 16 restantes estarán clonados, previsiblemente, en el plazo de uno o dos meses.

CADA DISPOSITIVO TIENE SUS PECULIARIDADES

Y, respecto al análisis, cada dispositivo tiene peculiaridades diferentes, dependiendo del tipo. Así, explican que en los mismos se encontrarán sobre todo documentos de ofimática (texto, tablas, bases de datos) y correos electrónicos mayoritariamente del tipo financiero.

En cambio, señalan los agentes, los dispositivos móviles versarán más sobre la mensajería instantánea (WhatsApp) y también correos electrónicos con documentos adjuntos.

Por su parte, el Grupo IX de la UDEF del se hizo cargo del depósito, volcado y extracción de un total de 97 dispositivos electrónicos que, en su mayor parte --hasta 62-- eran teléfonos móviles.

Hasta la fecha, según recoge el oficio, se ha procedido a realizar el clonado de todos los dispositivos, si bien y en lo que respecta al análisis cada dispositivo tiene peculiaridades diferentes, siendo necesaria la ejecución de diferentes programas informáticos atendiendo a las características de cada dispositivo.

"Y en todo caso, siendo necesario la apertura de cada archivo de manera individualizada, ya que no existen otros filtros que puedan discernir entre los contenidos de interés para la investigación", explican.

Fue el pasado 16 de septiembre cuando el juez autorizó a los agentes a que localizasen "documentos, archivos electrónicos, programas informáticos, fotografías, videos, agendas, correspondencia electrónica, conversaciones" y "cualquier otro" indicio que pudiera ayudar a ahondar en la causa.

El magistrado fundamentó esta decisión amparándose en "la gravedad del hecho que se investiga y la proporcionalidad existente entre este y la medida restrictiva de derechos fundamentales". "La medida solicitada es útil para el descubrimiento del ilícito penal, proporcionada a la gravedad del mismo y necesaria para poder avanzar en la investigación", señalaba entonces.

EL ESTALLIDO DE TITELLA

Moreno es uno de los principales imputados en la 'Operación Titella', cuya investigación eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario. La Policía Nacional sospecha que el ventrílocuo mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".