Policías critican a Marlaska por derivarles la "presión" de suspender eventos deportivos ante un nuevo 'caso Vinicius'

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han criticado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por derivarles la "presión" de instar a la suspensión de un evento deportivo si se detecta un episodio de racismo, como ocurrió en el denominado 'caso Vinicius'.

En concreto, censuran la falta de negociación previa y de seguridad jurídica, así como que no se exija el copago para que los clubes privados financien el dispositivo de seguridad.

En una rueda de prensa, la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, ha lamentado que la reciente Instrucción 8/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad se haya dictado "a espaldas" de las organizaciones representativas, lo que interpreta como una nueva "falta de respeto". "Pone en primera línea a las Fuerzas de Seguridad, la presión recae ahora sobre nosotros", ha añadido Juan Fernández, de AUGC.

La líder del SUP ha relacionado con "problemas bilaterales con Brasil" la decisión de reforzar el papel del policía para que, en su calidad de Coordinador de Seguridad, pueda proponer al árbitro paralizar o suspender un partido de fútbol si detecta mensajes vejatorios. Desde este país se cuestionó la lucha contra el racismo en España tras la queja de Vinicus Junior, internacional brasileño, por los cánticos en un partido de Liga que disputó el Real Madrid y el Valencia CF el 21 de mayo en Mestalla.

PLUS DE 60 EUROS PARA EL COORDINADOR

Según la líder del SUP, los policías que ya en la actualidad ejercen de coordinador de seguridad de un evento como es un partido de fútbol de primera división cobran un plus como complemento de 60 euros. Mónica Gracia ha calificado de insuficiente esta cantidad y se ha quejado de la falta de formación y la no existencia de un catálogo específico, por lo que hasta ahora estos agentes normalmente se detraen de seguridad ciudadana.

En su instrucción, el Ministerio aboga en su nueva instrucción por suspender y desalojar cualquier evento deportivo en el que se produzcan incidentes racistas, todo ello en refuerzo de las medidas de prevención y respuesta frente a este tipo de incidentes de carácter violento y discriminatorio.

Con ayuda de las cámaras y otros medios, Interior quiere que se vigile tanto dentro de los estadios como en aledaños y transportes públicos si hay un intento de "atentar contra la dignidad del acosado y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo".

La medida refuerza el campo de actuación del coordinador de seguridad dentro de lo contemplado en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y busca "sistematizar" la actuación ante "cualquier expresión de discriminación o intolerancia en los espectáculos deportivos".

Tras conocer esta instrucción el pasado lunes, SUP y AUGC han reclamado que se constituye una mesa de negociación con la Administración, los clubes privados y las organizaciones sindicales representativas porque consideran que las consecuencias de la instrucción "no se han valorado bien".

En este sentido, han vuelto a reclamar el copago de los costes de seguridad, subrayando que son "actividades lucrativas". También advierten de la inseguridad jurídica del agente al frente de la función de coordinador de seguridad en el caso de que decida suspender un partido y evacuar las gradas.

SENTENCIA "HISTÓRICA" SOBRE EQUIPARACIÓN

El SUP y AUGC también han reclamado una mesa de negociación ante la "histórica" sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Ministerio del Interior a "iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava" incluidas en el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018.

Dichas cláusulas --tercera y octava-- afectan al compromiso de destinar 300 millones de euros para el reingreso de los agentes en segunda actividad y para aprobar una ley de retribuciones que eviten que la "disfunción" en sueldos con respecto a policías autonómicas se repita en el futuro.

Juan Fernández ha reconocido que "lo más difícil se ha hecho" al ejecutar los 807 millones del acuerdo de equiparación, que se ha traducido --según Mónica Gracia-- en que los agentes tienen ahora "560 euros más en sus bolsillos". Por este motivo, ambos advierten de que sería un "jarro de agua fría" que Interior recurriera la sentencia de la Audiencia Nacional y no quisiera aplicar las dos cláusulas que faltan por desarrollar.