PP asegura que las actividades de ayuntamientos con Correa eran "actos a escondidas" para el partido

No reconoce "ninguna culpabilidad" y afirma que no debe responder a los 245.000 euros que le reclaman porque esta acción ha prescrito

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados de participar en los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que las actividades que realizó el líder de la red corrupta, Francisco Correa, en los Ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón eran "actos a escondidas" para la formación política.

Así lo ha manifestado el abogado de la formación política Jesús Santos durante su exposición de conclusiones finales, en el que ha insistido al tribunal que el PP que debe ser absuelto porque los supuestos "perjudicados", los consistorios, "nada le han reclamado". El letrado ha precisado que en este procedimiento no se ha acreditado suficientemente quién es el "supuesto perjudicado" porque no se ha comprobado si el dinero utilizado para las actividades corruptas pertenecía a las arcas de los ayuntamientos.

Ha justificado que si no se determina al "potencial" perjudicado tampoco se puede acusar a alguien como partícipe a título lucrativo. "¿Cómo es posible que el Ministerio Fiscal siga manteniendo la acción civil contra el PP?", se ha preguntado.

Anticorrupción reclama al PP un total de 245.492 euros por las actividades presuntamente delictivas que cometieron los exalcaldes de Majadahonda (133.628 euros) y Pozuelo (111.864 euros), Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

NO HAY CONCRECIÓN EN LA ACUSACIÓN

Cuando comenzó la vista oral el 4 de octubre de 2016, el PP se escudó en sus grupos municipales para defender que nada tenía qué ver en este procedimiento. En la jornada de este jueves, Santos ha reiterado que se está acusando al PP de haberse beneficiado de unos actos electorales que no se han concretado, pues, según dice, no se ha dicho "ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde" se han realizado, ni se ha dado respuesta de qué "delito en concreto se ha beneficiado" .

"Es una mera conjetura de sospecha", ha añadido, un "vacío probatorio". "Las concesiones que el Grupo Correa quisiera hacer a Ayuntamientos, éste lo desconoce (*) son actos, si es que se hicieron, contrarios a la voluntad del PP, actos que el PP no quería hacer, por lo contrario los hubiese planeado en su organización de campaña de 2003. Actos a escondidas".

"No hacemos ningún reconocimiento de de culpabilidad", ha enfatizado el abogado del PP, al mismo tiempo que ha lamentado que las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás utilicen su negativa a declarar en este juicio para asegurar que se da como "confeso" de los hechos.

El representante legal de la formación política ha reprochado a los agentes investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la propia Fiscalía Anticorrupción que no hayan contrastado las pruebas que han utilizado como acusación. Ha explicado que no comprobaron si los conceptos y las cuantías de las facturas de las empresas de Correa efectivamente correspondían a encargos del PP y si estos actos finalmente se realizaron.

Santos ha agregado que "comparte gran parte de las palabras iniciales" que expresó el abogado del Estado Edmundo Bal durante sus conclusiones finales sobre que la "corrupción es un verdadero cáncer en todas las democracias" y ha alabado el trabajo de los funcionarios de la UDEF y de la Agencia Tributaria, salvo el de aquellos que no "han actuado con principios de proporcionalidad" y sí con un "sesgo incriminatorio".

PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Asimismo, ha destacado que la responsabilidad civil que se le atribuye --y que derivaría en el pago de la cantidad reclamada por la Fiscalía-- por la campaña electoral de 2003 ha prescrito según la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé hasta cinco años para resarcir el daño.

Por último, el abogado de los 'populares' ha aprovechado para afear la actuación de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que consiguió que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase como testigo, ya que, en su opinión, ha demostrado una "intencionalidad política", dejando en "un segundo plano la búsqueda de la verdad material".

Con el PP han terminado la exposición de los informes de conclusiones finales de las 37 defensas, así como de las empresas implicadas en este procedimiento y de los partícipes a título lucrativo. La sesión se reanuda esta tarde con el turno de la última palabra de los acusados que lo deseen.

Uno de ellos era el denunciante de la trama Gürtel, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que finalmente ha tenido que renunciar a este derecho ya que no podía asistir esta tarde al juicio. Aunque ha solicitado poder ejercerlo este viernes, después del 'cabecilla' de la Gürtel, Franciso Correa --tal y como está previsto--, el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, ha recordado que ya anunció que el comienzo de esta última fase de la vista oral estaba señalado para hoy.