El PP asegura que "ninguna CC.AA puede alegar perjuicio" con las nuevas medidas de financiación

Destaca el "balón de oxígeno" que las decisiones tomadas por el Gobierno dan a los ayuntamientos

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha asegurado que "ninguna comunidad autónoma puede alegar perjuicio" en relación a las medidas de financiación que pondrá en marcha el Gobierno y que ha generado las críticas de, entre otras, Madrid, Canarias o Asturias.

Arenas ha reconocido que se "ha abierto mucho debate sobre las ayudas financieras del Gobierno" hacia las autonomías pero, en su opinión, todas se han visto beneficiadas por la decisión del Ejecutivo y que "ninguna puede decir que está por encima de otra".

Según ha explicado, el Gobierno financiará a "las CC.AA que se han acogido al Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) y a las que se denominan como cumplidoras porque han cumplido con los requisitos de estabilidad presupuestaria".

En cuanto a la situación de Cataluña, Arenas ha indicado que el PP "tiene un compromiso extraordinario con el futuro" de esta autonomía y ha indicado que su partido "siempre" mira a Cataluña "desde el afecto y reconociendo la gran aportación política y económica que aporta al conjunto de España".

El dirigente 'popular' se ha referido también, en declaraciones a Europa Press, al "extraordinario balón de oxígeno que supone la decisión del Consejo de Ministros para las corporaciones locales en España". En este sentido, ha apuntado que el esfuerzo realizado por el Ejecutivo hacia los ayuntamientos ha permitido que, "en los últimos años, 9 de cada 10 estén en superávit".

"La decisión tomada por el Ejecutivo supone una inyección de más de 2.000 millones para los ayuntamientos a través de un fondo de ordenación, otro de impulso económico, para los que cumplen un convenio de estabilidad, así como un fondo de liquidez suscrito entre las autonomías y las entidades locales en materia de política social", ha explicado Arenas.

Del mismo modo, ha apuntado que los ayuntamientos podrán aplazar a 10 años el pago de las liquidaciones negativas y que el Gobierno permitirá a las corporaciones locales con superávit presupuestario realizar inversiones sostenibles.