MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular y Ciudadanos han aprobado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso una iniciativa en la que se insta al Gobierno a poner en marcha un plan para modernizar la Justicia y garantizar su independencia, ante la cual el PSOE se ha abstenido.
El PP había llevado a la Comisión una proposición no de ley sobre la Estrategia Nacional de la Justicia, mientras que Ciudadanos había presentado una proposición no de ley sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia.
Sin embargo, ambos grupos han acordado un texto común en una enmienda transaccional que finalmente ha sido aprobada con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, el PNV, la antigua CDC --ahora Partit Demòcrata Català-- y Compromís. Podemos, en cambio, ha votado en contra.
En ese texto, la Cámara Baja declara su "firme voluntad de mejora, modernización, agilización y aseguramiento de la independencia de la justicia", e insta al Gobierno a "poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos".
El objetivo de esa estrategia es "promover una justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su configuración como servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos, priorizando la eficiencia y calidad de la Administración de Justicia".
DE ENTRADA, MÁS FONDOS
La moción aprobada precisa que el plan deberá incluir "al menos" siete medidas, que enumera. La primera de ellas es dotar "suficientemente" las partidas presupuestarias destinadas a la Justicia y fomentar la especialización.
La segunda es asegurar, mediante las modificaciones legales necesarias, que la Justicia "sea percibida como inequívocamente independiente", tanto en sus órganos de Gobierno, como en las Altas Magistraturas y la Fiscalía General del Estado.
También se deberá reformar el Tribunal Constitucional para "asegurar su independencia mediante un estricto sistema de incompatibilidades", así como "restringir" las 'puertas giratorias' entre la Justicia y los cargos políticos.
En quinto lugar, se plantea invertir de manera específica en un plan de desarrollo de la administración electrónica, con un sistema tecnológico avanzado y coordinado en todas las comunidades autónomas. Además, se propone "incrementar los medios humanos de la Justicia", favoreciendo una distribución eficiente de las cargas de trabajo y creando unidades judiciales donde sea necesario.
Por último, PP y Ciudadanos piden que se reestructure el funcionamiento de los Juzgados para asegurar un modelo más ágil y efectivo, fomentando además la Oficina Judicial y Fiscal, así como los procedimientos judiciales y alternativos de resolución de conflictos que lo requieran.
PACTO DE LEGISLATURA ENTRE PP Y C's
La enmienda transaccional incluye algunos de los aspectos comprendidos en el acuerdo que ambos partidos firmaron el pasado 28 de agosto, por el cual C's apoyó la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Dicho pacto destinaba 500 millones de euros entre 2017 y 2018 para modernizar la Justicia, a los que se añadían otros 700 millones durante cuatro años para incrementar los medios humanos y materiales de esta Administración.