MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz 'popular' en el Senado Ignacio Cosidó y la de Ciudadanos Lorena Roldán han anunciado este martes, nada más constituirse la Cámara, que presentarán sendos escritos para que el senador de ERC Raül Romeva, en prisión preventiva mientras se le juzga por el proceso independentista, sea suspendido de sus funciones.
Sin embargo, el portavoz socialista, Ander Gil, ha evitado pronunciarse sobre esta petición antes de que los letrados de la Cámara remitan su opinión a la Mesa, alegando que sería "prematuro". Romeva ha asistido a la sesión plenaria y a su término ha abandonado el edificio escoltado por las fuerzas de seguridad, tal como había dictado el Tribunal Supremo.
Para Cosidó "una Cámara que representa a la soberanía nacional junto con el Congreso no puede tener entre sus miembros a alguien que está siendo juzgado por atentar contra esa soberanía y por haber dado un golpe de Estado", ha dicho en declaraciones a los periodistas tras la sesión.
Así, el PP pedirá a la Mesa del Senado que se aplique el artículo 22.6 del reglamento de la Cámara, que establece que cuando un senador es procesado el Pleno puede acordar su suspensión como senador. Según ha dicho, será la primera iniciativa del Grupo Popular, que quedará constituido como tal el día 26 de mayo.
Por su parte, Roldán ha avanzado que Ciudadanos presentará hoy mismo en el registro del Senado, al igual que hará en el del Congreso, un escrito para "exigir la suspensión inmediata de los senadores y diputados que están en prisión preventiva procesados por haber dado un golpe a la democracia en Cataluña".
En cambio, el socialista Ander Gil, portavoz del grupo mayoritario ha tildado de "prematuro" fijar posición sobre el asunto, alegando que antes que nada los letrados de la Cámara tienen que hacer una "lectura jurídica" y someterla al criterio de la Mesa. Después, ha dicho, será la Mesa la que traslade su propuesta a los grupos.
Sobre la situación de Romeva ha hablado también la portavoz de ERC Mirella Cortes, para criticar que no se le haya permitido reunirse con el grupo, lo que, a su juicio, es una "anomalía política del Estado español".