Asegura que hablará con la oposición para organizar el trabajo y la representación de cada cual en la comisión: Ciudadanos no tiene grupo
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP asegura que no pretende buscar irregularidades en la financiación de los partidos políticos con la comisión de investigación que promueve en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, sino impulsar la transparencia en todas las formaciones, han asegurado a Europa Press fuentes 'populares'.
La solicitud registrada este miércoles por el PP llegará el próximo martes a la Mesa del Senado. La iniciativa, según han apuntado fuentes parlamentarias a Europa Press, reúne los requisitos formales para poder ser aceptada por lo que será enviada a Pleno para que se apruebe y se ponga en marcha. El debate y votación podría producirse en la sesión del 22 de marzo.
Desde el Grupo Popular se asegura sin embargo que todavía no han decidido ni el calendario ni el contenido de trabajo que quieren darle a la comisión e insisten en que no lo harán hasta que no se apruebe formalmente su creación.
Estas fuentes admiten que la iniciativa es una reacción al interés de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos de centrarse en la financiación del PP en el Congreso, y aseguran que quieren revisar las cuentas de todas las formaciones con la comisión del Senado.
Sin embargo, añaden que su intención no es tanto buscar irregularidades como impulsar la transparencia y tomar medidas para impedir futuros casos de corrupción en los partidos políticos.
El PP mantiene la intención de hablar con los grupos parlamentarios para analizar qué "fórmula" sería la idónea para tratar el asunto y para garantizar que todos cuentan con representación en la comisión, a sabiendas de que Ciudadanos solamente tiene tres senadores en la Cámara Alta y se sientan en el Grupo Mixto.
30 CASOS DE CORRUPCIÓN, DOS DEL PP
El PP ha registrado la misma solicitud en el Senado que en el Congreso para crear una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos. En el documento que llevó al registro, enumera una treintena de asuntos de corrupción de los últimos años y entre los que cita sólo dos que le afectan: Púnica y Gürtel.
Arranca con el 'caso Filesa' de financiación ilegal del PSOE, que provocó una comisión de investigación en el Congreso en 1994. Añade que entre 1987 y 2007, los partidos ingresaron más de 100 millones de euros a través de donaciones anónimas, según los informes del Tribunal de Cuentas: "CiU se llevó 42 millones, el PNV 27, el PP 25 y el PSOE 8".
Dice a continuación que también hubo condonaciones de deuda bancaria, que califica de "donaciones exorbitantes": "Tan sólo en 2005 al PSC se le perdonaron 6,6 millones y otros 7,8 fueron renegociados con el PSOE, IU y otros con un tipo de interés tres veces inferior al aplicable. A ERC se le condonaron 2,7 millones".
El PP insiste en que ningún partido puede enarbolar "una superior autoridad moral sobre los otros" y sigue enumerando casos de corrupción aunque no menciona a los partidos afectados: el 'caso Tragaperras' y el caso 'De Miguel (PNV), el caso Casinos (CiU); en Andalucía, añade, el fraude de los ERE, cursos de formación, Invercaria, "los casos Avales, Mercasevilla, el de facturas de la UGT, la Agencia Idea y las infraestructuras educativas", el 'caso JEREME', 'caso Marismas', caso Consorcios UTDELT (que afectan a la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE).
Y continúa: 'Bahía Competitiva', caso PTA (PSOE), los casos gallegos Pokemon, Patos y Santos Héctor Rodríguez (varios partidos), el caso Mercurio (PSC), caso Caja Castilla-La Mancha, los aragoneses caso Plaza/Naves (PSOE) y caso Pagarés/karting, el caso Marea y la ampliación del Puerto del Musel (PSOE asturiano, al que pertenece el actual portavoz socialista del Senado, Vicente Álvarez Areces), la presunta prevaricación en Santoña (PSOE), "la compra de votos en Melilla" (PSOE y Coalición por Melilla), el caso Palau "o el 3% en Cataluña" (CiU) "y otros que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos años".
Añaden que tampoco está permitida la "utilización de las asignaciones de los grupos municipales" para la financiación de nacional de partidos (en referencia a Ciudadanos), ni la financiación de "forma directa o indirecta" por parte de países extranjeros "al entorno de un partido político de ámbito nacional, o el 'crowfunding' "eludiendo" algunos requisitos legales (en clara alusión a Podemos).