El PP expresa su respeto a las decisiones judiciales sobre Aguirre y Cifuentes, pero apela a la presunción de inocencia

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha expresado este lunes su respeto hacia las decisiones judiciales tras conocerse la imputación en el caso Púnica de las ex presidentas de la Comunidad de Madrid y del partido en esta región Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, pero ha apelado también a la presunción de inocencia.

Así se han manifestado fuentes del partido tras conocerse la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de imputar a Aguirre y a Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, investigación que se enmarca en el 'caso Púnica', según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los 'populares' han reaccionado expresando el habitual respeto a las decisiones judiciales, pero también apelando a la presunción de inocencia de los imputados.

Esperanza Aguirre es ahora mismo una afiliada madrileña de base, se recuerda en el partido, después de haber ostentado los más altos cargos en el PP de Madrid, en las instituciones regionales y de haber tenido gran influencia en el partido a escala nacional. Al no tener ningún cargo, no hay prevista ninguna medida contra ella, pero queda en manos del Comité de derechos y garantías del partido en Madrid la posibilidad de tomar alguna decisión.

En el caso de Cifuentes, el pasado mes de marzo solicitó su baja temporal del partido mientras se aclaraba su situación judicial por el 'caso Máster', a la que ahora se suma esta imputación.

43 CITACIONES JUDICIALES

El magistrado de la Audiencia Nacional ha atendido a la petición que le había formulado hace justo un mes la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la imputación de los tres expresidentes de la Comunidad de Madrid en esta pieza de 'Púnica', así como de otra treintena de personas entre las que se encuentran los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, que están citados el 14 de octubre.

En medio de un intenso calendario de citaciones que abarcan desde el 9 de septiembre hasta el 18 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha llamado a declarar a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el 18 de ese mismo mes. Los informes de la Guardia Civil aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.

Por su parte, el expresidente Ignacio González ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del partido, en el marco del 'caso Lezo', y tras la unión de las piezas de ambas causas sobre la contabilidad B, el juez ha decidido también citarle a declarar el 17 de octubre.

Con un calendario que incluye a un total de 43 personas, el magistrado relanza así la investigación del 'caso Púnica' y, concretamente, de la pieza que indaga en si el PP que presidió Esperanza Aguirre se financió ilegalmente en varias campañas electorales.

La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.

Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregados al juzgado en los últimos meses sitúan a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, en las que Aguirre presidía a los 'populares' madrileños.

Ya en un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipal y autonómica), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica). Todo ello tras analizar la contabilidad B hallada en los 'pen drives' incautados en el domicilio del exgerente del partido Beltrán Gutiérrez.