Actualizado: jueves, 1 diciembre 2016 19:53

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido este jueves a la Mesa del Parlament reconsiderar la admisión a trámite del proyecto de ley de Presupuestos 2017, alegando que habilitar partidas para un referéndum independentista contraviene resoluciones del TC y está "claramente fuera del marco legal, estatutario y constitucional".

Según el texto firmado por su portavoz parlamentario, Santi Rodríguez, el presupuesto no convoca en un proceso refrendario pero "dirige un mandato al Govern para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña", en la disposición adicional 31.

Además, considera que hablar del futuro político de Catalunya es un "eufemismo" de independencia, por lo que una consulta con este objetivo sería contraria a la Constitución, apunta.

"Si la celebración de un proceso refrendario sobre el futuro político de Catalunya es claramente contrario a la Constitución, la habilitación de partidas para garantizar los recursos necesarios para hacerlo debe ser considerado necesariamente también inconstitucional", recalca.

LA MESA ESTÁ "OBLIGADA"

Por eso, argumenta que la Mesa está "obligada" a no admitir la tramitación de los Presupuestos, y más cuando consideran que también se vulneran diversas interlocutorias, como la que declara nulas las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, y resoluciones del TC.

Así, cree que la Mesa no puede obviar que hablar de 'la organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña' y que habilitar partidas para eso es "la concreción de un mecanismo unilateral democrático", que anuló una resolución del Alto Tribunal.

Para el PP, admitir a trámite la disposición 31 es "claramente eludir" la interlocutoria del TC que pedía a la presidenta del Parlament, al resto de la Mesa y al secretario de la cámara abstenerse de cualquier iniciativa, jurídica o material que ignorara la nulidad de la resolución 263/X1 del Parlament, la que proclamaba el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados de las elecciones del 27 de septiembre.

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