El PP plantea por qué debió respetar los ordenadores de Bárcenas si nunca se registró su casa

Presenta recurso contra la confirmación por la juez Freire de su procesamiento en el caso del borrado

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa del PP ha apelado ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de la juez de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, de mantener a la formación procesada por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede de la calle Génova de Madrid. En su recurso se pregunta por qué el PP debió prever que los dispositivos guardaban información esencial cuando a esas alturas de la investigación sobre la presunta "caja B" el instructor en la Audiencia Nacional nunca mostró interés por registrar la casa de su exempleado.

"Si ninguna autoridad judicial jamás mostró el más mínimo interés en registrar la casa del Sr. Bárcenas e incluso en requerir los ordenadores (*) ¿por qué iba a tener que prever el Partido o sus empleados que esos ordenadores iban a ser reclamados meses después por la autoridad judicial? Es una carga inventada, de imposible previsión", señala el PP en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press.

En su escrito, el PP contesta de este modo a las argumentaciones en las que Freire rechaza sacar a la formación de la causa alegando que el PP debió poner los ordenadores a disposición del instructor del caso sobre la presunta caja B del PP.

Considera que la juez "está imponiendo a los empleados del Partido, terceros ajenos al procedimiento de "los papeles de Bárcenas", una carga que desde luego no les corresponde asumir. ¿Por qué se supone que tenían que adelantarse los empleados del Partido a un hipotético requerimiento judicial que era absolutamente imprevisible?".

"El PP estaba en su derecho de poner fin a la cesión de uso de los ordenadores y recuperarlos a su voluntad, igual que estaba en su derecho de denegar al señor Bárcenas el acceso a la Sala Andalucía, cuyo uso se le había cedido, así como el uso de otros medios propiedad del Partido", concluye la defensa en su argumentación sobre la falta de elementos, en este caso, del tipo penal de daños informáticos que le atribuye la juez Freire.

El PP señala también en su recurso que la juez Freire no es competente para seguir tomando decisiones sobre este asunto ya que ha sido recusada por esta parte, que la considera cercana al PSOE, y esta cuestión aún no ha sido dirimida.

Insisten en que un juez recusado "es un juez parcial", por lo que las actuaciones deberían retrotraerse al momento anterior al que fue presentada su petición para apartar a la juez Freire, que fue el inmediatamente posterior a que la magistrada decidiera sentar al PP en el banquillo.

DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL

Así, considera el partido que"la infracción de las normas del procedimiento establecidas en el presente caso ha supuesto una evidente vulneración de los derechos que asisten a esta parte, al ser el derecho a un juez imparcial una de las manifestaciones más importantes del derecho a la tutela judicial efectiva que rige el procedimiento penal".

En cuanto a las acusaciones a las que se enfrenta, calificadas como daños informáticos por la juez Freire, el PP considera que no pueden incardinarse en esta consideración los hechos que la juez le atrribuye. Insisten en que "era una obligación legal y una buena práctica en materia de seguridad que venía impuesta por el protocolo de borrado seguro".

LOS ORDENADORES SON DEL PP

Insiste en partido en que la práctica de la prueba no ha demostrado que en los ordenadores de Luis Bárcenas, que éste nunca le reclamó el archivo y que se procedió a un borrado "seguro" de los discos duros "conforme a la legalidad vigente", pues el soporte era propiedad del PP, que es el único que ha podido acreditar con facturas la compra de los mismos. Lamentan que la juez Freire no haya mención alguna a estas facturas en su auto.

Añaden que el tipo penal de daños informáticos exige que se produzca un resultado grave que no existió en este caso porque los únicos archivos que podrían ser objeto de protección por este delito serían en todo caso los "ajenos", esto es, los supuestos archivos privados del señor Bárcenas que, según él, estaban almacenados en aquellos ordenadores", y a los que el partido no dota de importancia suficiente para que su borrado sea calificado de grave.

DATOS BORRADOS NO IMPORTANTES

Así, a lo largo de las 60 páginas del recurso, el PP niega que el borrado de datos que pudiera tener Bárcenas en sus archivos sobre viajes personales, música o incluso cuentas en Suiza pueda calificarse de grave, máxime cuando en este último caso la información de los depósitos bancarios ya obraba en poder del instructor del caso 'Gürtel' en la Audiencia Nacional. Y lo mismo ocurriría en el caso de la documentación sobre compra-venta de cuadros alegada por el extesorero.

Esta ausencia de importancia de los datos supuestamente borrados explicaría, según el PP, que Bárcenas haya retirado su acusación en este asunto, que únicamente se sostiene ahora por la de las acusaciones populares.

Añade la defensa del partido que el supuesto perjuicio no es económicamente evaluable y que, a lo sumo, lo sucedido es un mero conflicto civil que debería ser dirimido en dicha jurisdicción, pero no en la penal.

Abunda el PP igualmente en su recurso, adelantado por Vox Populi, en el carácter civil de la relación del PP con Bárcenas, ya que en el momento de los borrados al extesorero no le unía una relación laboral con el partido, por lo que si accedía al Toshiba y al Apple cuestionados lo hacía "en cesión de uso".

Finalmente, la defensa del PP argumenta la ausencia de dolo porque la aplicación del procedimiento de borrado seguro muestra que no hubo ninguna malicia en la conducta de los empleados del Partido Popular -están imputados la actual tesorera Carmen Navarro, el informático José Luis Moreno y el abogado Alberto Durán- porque además este no se realizo hasta que alcanzó firmeza un auto de otro órgano judicial que confirmó que el PP era el propietario de los ordenadores.

También piden que se practiquen pruebas de descargo, como la comparecencia del que fuera abogado de Bárcenas Alfonso Trallero y la ratificación de sendos informes de la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado (IGAE) y de la Sección de Informática Forense de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica. Interesan también la intervención de otro testigo para acreditar que, al tiempo del formateado, los discos duros investigados estaban vacíos de contenido.