El PP plantea en su programa restringir el uso del decreto-ley en época electoral y "métodos científicos" en el CIS

Propone más control de los préstamos a los partidos, regular el 'crowdfunding' y una nueva Ley sobre la Información Clasificada

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este es el programa electoral del PP para el 28A

El PP plantea en su programa para las elecciones del 28 de abril "restringir el uso del decreto-ley en época previa a las elecciones", una nueva Ley de Protección de la Información Clasificada que sustituya a la Ley de Secretos Oficiales, y garantizar la "profesionalización" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de forma que sus encuestas estén guiadas por "métodos científicos" Además, en materia de financiación de partidos, aboga por regular el 'crowdfunding' y más control de los préstamos que reciben los partidos.

Se trata de medidas recogidas en el capítulo de 'Transparencia y regeneración' del programa del PP, que sigue la línea que se marcó en la Convención Nacional que la formación celebró el pasado mes de enero y no recoge ninguna alusión a la corrupción. De la oferta electoral del PP ha desaparecido también su compromiso de que gobierna la lista más votada en municipales, que sí incluyó en el programa de 2016.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha desplazado este lunes a Barcelona para presentado estas 500 medidas de su programa, que arranca con una primera medida de "compromiso" con la unidad de España. En este acto ha estado acompañado por la candidata por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy.

REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO Y DEL SENADO

Como en anteriores legislaturas, el PP propone reformar el Reglamento del Congreso y del Senado para "fortalecer la función de control al Gobierno, la actividad de diputados y senadores, y la calidad del procedimiento legislativo".

Además, apuesta por reforzar el papel de los letrados de las Cortes y los letrados de los Parlamentos Autonómicos como "garantes del control de legalidad y del cumplimiento de los reglamentos de las Cámaras".

Ante la polémica estas semanas por los llamados "decretos sociales" que Pedro Sánchez ha aprobado los viernes en el Consejo de Ministros, con las Cortes ya disueltas, el PP promete "restringir el uso del Decreto-Ley en época previa a las elecciones".

En este punto, anuncia también que reforzarán los instrumentos de control de constitucionalidad de los Decretos Leyes, modificando la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que "resuelva los recursos contra estas normas en el plazo más breve y urgente posible".

REVISIÓN PERMANENTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

El PP plantea también crear una comisión no legislativa en el Congreso que se "responsabilice de la revisión permanente" del ordenamiento jurídico, "promoviendo la elaboración de textos consolidados paliando así la dispersión normativa". También apuesta por regular la posibilidad del voto electrónico en los plenos municipales.

En cuanto a los lobbies, el PP dice que aprobará una regulación de la actividad de los grupos de interés mediante el registro de profesionales y empresas, "dando mayor transparencia a su acceso a políticos, legisladores y empleados de las Administraciones Públicas".

También se compromete a reformar la financiación de los partidos políticos, para, entre otras medidas, "acentuar la transparencia de sus cuentas, hacer un mayor control de los préstamos que reciben, regular el 'crowdfunding' y agravar las consecuencias en caso de que el Tribunal de Cuentas no apruebe los balances presentados".

En el caso del CIS, el PP se compromete a "garantizar la profesionalidad" de este órgano, de forma que sus encuestas "estarán
guiadas por métodos científicos y no por intereses partidistas como ha ocurrido en los últimos meses", según añade.

MEDIOS PARA EL TRIBUNAL DE CUENTAS

También apuesta por potenciar el "Gobierno Abierto poniendo a disposición de los ciudadanos una información amplia y detallada del uso de los recursos públicos". Además, promete fomentar la evaluación de resultados de políticas públicas, atribuyendo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal los recursos necesarios para la elaboración de un plan anual que será elevado a las Cortes Generales.

El PP de Casado apuesta por dotar de "los medios suficientes" al Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas para permitirle ejercer "con la celeridad suficiente su labor fiscalizadora".

SUSTITUIR LA LEY DE SECRETOS OFICIALES

Entre las novedades de este capítulo destaca el compromiso del PP de aprobar una "nueva Ley de Protección de la Información Clasificada que sustituya a la actual Ley de Secretos Oficiales (aprobada en el año 1968) y que incorpore las prácticas y estándares internacionales". "Esta nueva regulación deberá estar adaptada a los avances en el tratamiento de la información", añade el partido en su programa.

Además, el PP finaliza asegurando que "los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica". Según añade, terminarán "con el modelo de Administrador único de la corporación de
RTVE" e impulsará un "Gobierno corporativo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad".