MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
PP, PSOE y Ciudadanos han avanzado este martes su rechazo a la primera iniciativa parlamentaria para flexibilizar la política penitenciaria que se debatirá en el Congreso tras el anuncio de desarme de ETA. Se trata de una moción de EH Bildu pidiendo al Gobierno de Mariano Rajoy la excarcelación de los presos de la banda que sufren enfermedades "graves".
Esta iniciativa es consecuencia de la interpelación que la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, dirigió hace un mes al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la sesión de control al Gobierno. Su discusión ha tenido lugar un mes después del acto de entrega de su arsenal protagonizado por ETA.
Los diputados de PP, PSOE y Ciudadanos han acusado a Bildu de "manipular el lenguaje al hablar de presos vascos en lugar de terroristas de ETA". "Hablan de trato humanitario cuando en realidad lo que quieren decir es trato privilegiado", ha dicho el 'popular' Leopoldo Barrera, lamentando que se pida que "el Gobierno se salte la ley".
En el debate de la interpelación, Zoido aseguró que ningún preso de ETA padece una enfermedad que aconseje su excarcelación y dejó claro que el Ejecutivo será "absolutamente exigente" con el cumplimiento de la ley cuando se está "a las puertas de la disolución" de la organización terrorista. "No habrá concesiones", apostilló.
Sin embargo, Bildu ha insistido en que en la actualidad hay reclusos de la banda "a los que la aplicación restrictiva de la legislación impide acceder a la libertad condicional o la prisión atenuada, aunque padezcan enfermedades graves".
UNA "ACTITUD HUMANITARIA"
También hace hincapié en que la legislación tanto española como internacional establece mecanismos para una "aplicación flexible de la política penitenciaria", asegurando que se pueden ofrecer "alternativas más favorables" al tratamiento que requiere este colectivo de presos gravemente enfermos.
Con todos estos argumentos, la coalición abertzale ha defendido que el Congreso solicite formalmente "a las autoridades españolas competentes" que, en las decisiones a adoptar en fechas próximas sobre la situación penitenciaria de los presos gravemente enfermos, "tengan en cuenta" la legislación vigente "estatal e internacional para la excarcelación de aquellas personas que sufren graves enfermedades".